miércoles, 21 de julio de 2010

Pudreval: caso cerrado

Julio Borges acudió a Indepabis para darle continuidad a la denuncia contra Pdval y se encontró con la sorpresa de que el organismo que cierra abastos y comercio declaró cerrada la investigación sobre las 130 mil toneladas de alimentos descompuestos

Indepabis es efectivo para cerrar abastos, supermercados y ferreterías. Pero si algún ciudadano reporta algún servicio público deficiente, declaran quela denuncia no es procedente.

A esta conclusión llegó este martes el coordinador nacional de Primero Justicia, Julio Borges, quien acudió a la sede del organismo "defensor de los usuarios" para darle continuidad al proceso administrativo y sancionatorio contra Pdval, interpuesto el pasado 8 de junio y se encontró “con que el Indepabis ordenó el cierre de la investigación” el pasado 6 de julio.

Borges denunció que sencillamente Indepabis no llevó a cabo investigación alguna sobre la comida que se pudrió. "Entonces me pregunto ¿Es eso lo que tenemos que esperar todos los venezolanos cuando se nos vulneran nuestros derechos como consumidores?”.

El candidato unitario a la Asamblea Nacional exigió una vez más justicia y una respuesta ante la pérdida de más de 120 mil toneladas de alimentos en varios sectores del país. “Queremos que se haga justicia, porque en un caso tan grave de corrupción como éste no puede mandarse a cerrar la investigación”.

Exhortó a los venezolanos a abrir los ojos y comenzar a hacer posible el cambio el venidero 26 de septiembre, pues la actual Asamblea Nacional ha negado en siete oportunidades el debate de un tema que tiene que ver con la soberanía alimentaria.
“A este gobierno no le importa la red de corrupción que se ha tejido en torno al tema Pdval, no le importa si la gente tiene qué comer y no le importa pretender meter la basura debajo de la alfombra”.

DENUNCIA AMPLIADA

Borges solicitaba respuestas a tantos alimentos podridos, había acudido al Indepabis para anexar otro conjunto de pruebas en las cuales el ministro Rafael Ramírez (responsable entonces de Pdval), reconocía la existencia de “alimentos no conformes”.
“Vinimos a impulsar la denuncia presentada el pasado 08 de junio, mediante la cual solicitamos el inicio de un procedimiento administrativo sancionatorio en contra de Pdval por imposición de condiciones abusivas, violación de los derechos de los consumidores, ocultamiento de alimentos y boicot, con motivo de la retención de alimentos de la cesta básica hasta su descomposición”, estipulados en los artículos 8, 16 y 115 de la Ley del Indepabis.

Borges aclaró que de acuerdo con la legislación, al Indepabis le corresponde determinar los ilícitos en el manejo de alimentos importados por la entonces filial de Pdvsa.

“El pasado 25 de mayo se dio cuenta de la retención de más de 30 mil toneladas de alimentos de la cesta básica en galpones de Pdval. Pero el 30 de junio el propio presidente de Pdvsa Rafael Ramírez, en un programa de VTV asumió la responsabilidad del Estado en lo que a fallas de distribución de alimentos importados se refiere y que, en definitiva, trajo como consecuencia su retención hasta descomponerse”.

INVESTIGACIÓN EN CERO

Borges insistió en que deben pagar los responsables. “La cabeza visible es Rafael Ramírez por ser presidente de Pdval, pero también deben pagar los gerentes de comercialización y de estrategia. En Venezuela estamos comprando comida, se está perdiendo y además se está atacando la producción nacional.

Cuestionó el hecho de que la Asamblea Nacional haya negado en siete oportunidades el debate sobre este tema y la interpelación de los funcionarios involucrados.
“La AN debería estar montada en una investigación y llevarla hasta sus últimas consecuencias. ¿Por qué los diputados se niegan a darle una respuesta a los venezolanos?”, se preguntó. “El papel de la AN es investigar y el del Indepabis castigar”, aseveró.

Al respecto, Borges insistió en que hay una violación al derecho fundamental de las personas al acceso a bienes y servicios de calidad, previsto en el artículo 117 de la Constitución Nacional e incluso una transgresión a la garantía de Seguridad y Soberanía Agroalimentaria establecida en el artículo 305 de la Carta Magna.
"Los venezolanos merecemos vivir mejor. Merecemos comida de calidad, que no haya escasez y que los precios sean accesibles. Por eso insistimos con nuestra propuesta de 'Justicia Alimentaria', la cual contempla el impulso de la producción nacional y la comercialización de productos básicos, apoyando fuertemente a la iniciativa privada".


Tal Cual Digital

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