Desde el 2 de julio las alarmas están encendidas en los municipios Maneiro, Arismendi y Díaz del estado Nueva Esparta. Mediante un cartel de notificación, el INTI declaró "incultas u ociosas" 521 hectáreas de terrenos urbanizados donde están asentadas comunidades que agrupan a 6.000 familias propietarias y residentes de esas parcelas.La mayoría lleva 25 años o más viviendo en estos sectores y tienen sus documentos en regla: suman 30.000 personas. Lo que más preocupa a los vecinos es que se dictó una medida cautelar de aseguramiento de tierras en la que pasan de propietarios a ocupantes. Esto prohibe vender, alquilar, remodelar, hipotecar o hacer ningún tipo de trámites sobre las casas que están asentadas en las hectáreas afectadas por el INTI.
A pesar de que la directora regional del Ministerio de Agricultura, Sulay Moreno, aseguró que no había peligro de expropiación para los propietarios, la controversia continúa porque los afectados aseguran que nadie les ha dado garantías de que no perderán sus tierras. El MAT aclaró que están ociosas sólo 300 hectáreas de las 521, pero los que habitan en esa zona señalan que más de 80% de las tierras están habitadas y desde que se construyeron urbanismos y carreteras perdieron el uso agrícola.
Los vecinos afectados que viven en los municipios Arismendi y Maneiro aseguran que no han recibido notificación de ningún organismo en el que se revoque la decisión de declarar ociosos los terrenos de uso agrícola y que les garantice el derecho a sus propiedades. Reprocharon que haya habido una reunión entre el INTI y el Ministerio de Agricultura y Tierras a la que no fueron convocados.
En el limbo. En 1987, el entonces presidente Jaime Lusinchi decretó las 521 hectáreas en las que están las poblaciones de La Ceiba, Atamo Norte y Sur, Catalán, Chinguirito, Sabana de Guacuco, El Hato, Agua de Vaca y Los Cerritos como tierras de vocación agrícola. Sin embargo, mucho ha cambiado desde esa fecha.
Jesús Morón, vocero de la comunidad de Atamo, dijo que el INTI declara tierras ociosas e incultas una zona que ya no es agrícola, pues el Gobierno la dotó de servicios públicos, aguas servidas, asfaltado y vialidad a esta zonas, con lo que pasó a ser un asentamiento urbano.
Nancy Montero, habitante del sector Catalán, explicó que desde hace varios años los campesinos determinaron que la gran mayoría de las tierra no son aptas para el cultivo, "son arenosas y salinas". "Muchas personas invertimos el trabajo de toda la vida en nuestras casas y terrenos.
Ellos dicen que van a respetar la propiedad privada, pero hasta que no se anule la medida de aseguramiento y no se especifique que las zonas urbanas quedan exentas de ese decreto nosotros seguimos sin poder hacer nada", dijo Montero.
Rubén Linares, vecino del sector Atamo, indicó que la zona cuenta con hoteles y áreas de desarrollo en beneficio de las comunidades, además de urbanizaciones con casi 30 años de construcción. "En este tiempo se hizo el proyecto del sistema de red de cloacas para Nueva Esparta por Los Cerritos y las estaciones de bombeo La Auyama y Guaraguao".
Valeriano González, secretario general de la Federación de Campesinos de Nueva Esparta, recordó que en los terrenos decretados por el INTI como "incultos" viven aproximadamente 150 campesinos que hacen valer el carácter de tierras agrícolas con sus conucos y que son afectados con la medida.
En una reunión con autoridades del Consejo Legislativo los vecinos acordaron crear una comisión para analizar las acciones legales e introducir una demanda de nulidad ante el Tribunal Agrícola del estado Monagas, pues Nueva Esparta no tiene esa instancia.
El Nacional.
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