La fiscal general de la República, Luisa Ortega Díaz, hizo caso omiso a los señalamientos que la flamante ministra para los Servicios Penitenciarios, Iris Varela, lanzó contra su despacho, al que acusó de pagarle un bono a los fiscales por cada persona que logran enviar a las cárceles; y no descartó que las palabras de la funcionaria hayan sido distorsionadas."A lo mejor lo que ella expresó no ha sido lo que apareció en el medio de comunicación". Esta fue la respuesta que la jefa del Ministerio Público dio cuando se le consultó su parecer sobre lo dicho por la exdiputada, en una entrevista que este fin de semana dio a un diario de circulación nacional y donde afirmó: "Eso no puede seguir existiendo y yo estoy aquí para combatirlo. Yo todavía no lo he hablado con la Fiscal General, pero para mí eso es igualito que los falsos positivos colombianos. ¿Cómo un fiscal va a tener un incentivo porque se afinca contra una persona para encarcelarla? Eso es inconstitucional".
Ortega Díaz no se refirió al bono, pero sí al señalamiento de que los fiscales son los responsables de la sobrepoblación que hay en las prisiones y le recordó a la Ministra que, por su condición de abogada penalista, "sabe muy bien que los fiscales no pueden privar de libertad a nadie, porque constitucional y legalmente no tienen esa atribución".
En predios del Ministerio Público la acusación de Varela no sentó bien y varios fiscales consultados desmintieron que ellos cobren algún tipo de incentivo por cada persona que colocan tras las rejas.
"Los fiscales cobramos tres bonos: El de fin de año, el vacacional y uno por productividad. El de productividad, que equivale a dos meses de salario, se otorga a partir del desempeño que cada fiscal tenga y en él se toman en cuenta el número de actos conclusivos que uno presentó en los tribunales", indicó un fiscal, quien precisó que los actos conclusivos no necesariamente tienen que desembocar en una acusación, sino que también pueden resultar en sobreseimientos o archivos.
Otros funcionarios consultados criticaron las palabras de la Ministra y recordaron que ella fue la impulsora de la reforma que en 2005 le hizo la Asamblea Nacional al Código Penal, en la cual se suprimieron los beneficios procesales para los condenados por delitos como el homicidio, la violación, el secuestro o el tráfico de drogas y ello contribuyó al hacinamiento carcelario. Esta modificación fue anulada por el Tribunal Supremo en 2008.
Sobre la Contraloría
La Fiscal General también se refirió al proceso para escoger a quien sustituirá al fallecido Clodosbaldo Russián en la Contraloría General de la República, y anunció que en los próximos días se abrirá el lapso para que los interesados en formar parte del Comité de Evaluaciones de Postulaciones del Poder Ciudadano se inscriban.
El Comité es el encargado de evaluar a los aspirantes a dirigir el organismo que debe velar por el buen uso de los fondos públicos y el que tendrá que enviar a la Asamblea Nacional una terna para que finalmente realice la escogencia.
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