Cuando aún sigue abierto el debate por la creación de un fondo para el deporte, el Gobierno propone constituir otro fondo, ahora para mantener a los medios comunitarios y alternativos valiéndose de la "contribución" de las empresas.El proyecto de ley de Comunicación para el Poder Popular establece, en su artículo 17, un "Fondo para el financiamiento de los medios de comunicación para el Poder Popular". El mismo estaría adscrito a la Vicepresidencia y tendría como fin "cubrir los gastos operativos, de mantenimiento, inversión, formación, capacitación y producción de contenidos".
¿De dónde se nutriría este nuevo fondo? Donaciones de personas naturales y jurídicas y "un aporte anual especial de los excedentes o utilidades obtenidas" por la banca pública y las empresas del Estado.
Luego, el artículo 19, referido a la "contribución especial" para el fondo, añade: "Las personas jurídicas dedicadas a la publicidad y los prestadores de servicio de telecomunicación con fines de lucro están obligadas, en función de su responsabilidad social, a liquidar el equivalente al 2% de su ganancia o utilidad, destinado a la ejecución de planes, programas o proyectos relacionados con la comunicación popular".
Es decir, los odiados medios privados tendrán que financiar el "modelo antihegemónico, antiimperialista, antioligárquico y desalienante de la conciencia social" que pretende impulsar el Gobierno con los comunicadores alternativos.
El fondo en cuestión sería controlado por una "junta de evaluación de proyectos" conformada por representantes de la Vicepresidencia (1), el Ministerio de Finanzas (1), el Ministerio de Comunicación (1) y cuatro voceros de los medios del llamado "poder popular".
Sin definir cuánto, en el texto incluyen que "los medios de comunicación para el poder popular podrán recibir de los municipios, estados, de las empresas del Estado, de los institutos públicos, o de cualquier otro órgano o ente del Estado un porcentaje de los recursos destinados a publicidad".
Toda la torta
Con el aval de 26 mil 821 firmas, colectivos chavistas llevaron ayer este proyecto a la Asamblea Nacional, donde fueron recibidos por la segunda vicepresidenta de la Cámara, Blanca Eekhout, el vicepresidente de la Comisión del Poder Popular y Medios de Comunicación, Julio Chávez (PSUV-Lara), y otros miembros de esa instancia legislativa. Los diputados de la oposición no participaron en el acto que se celebró en los jardines de la AN.
La propuesta original planteaba dividir el espectro radioeléctrico nacional en tres partes iguales: 33,3% para el Estado, 33,3% para los comunitarios y 33,3% para los privados.
El proyecto consignado y asumido por la mayoría oficialista en el Parlamento consta de 35 artículos y no fija esas cuotas; sin embargo, los colectivos chavistas insistían en que la totalidad del espectro radioeléctrico del país debe estar en manos del "pueblo".
En el artículo 26 imponen a las imprentas de los entes públicos la obligación de "prestar sus servicios con carácter gratuito a los medios impresos para el Poder Popular, en calidad, cantidad y tiempo necesarios para cumplir con sus fines".
Igualmente, las cableras "deberán transmitir en su programación a los medios para el Poder Popular", como ya lo ordena la Ley de Responsabilidad Social en Radio, Televisión y Medios Electrónicos.
El título III sobre la formación y capacitación integral para la comunicación popular, fija que el Estado "podrá otorgar reconocimiento como comunicador integral a la experiencia y acumulación de saberes de los ciudadanos dedicados a la comunicación popular".
El Universal
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