"Agarramos los 359 expedientes (de candidatos a magistrados del Tribunal Supremo) y los revisamos cada uno. Pedimos información al Poder Judicial, a las distintas instancias del Estado, al propio Ministerio Público y a la Contraloría General de la República para ver si (los aspirantes) tenían procedimientos abiertos, expedientes, investigaciones, sanciones, condenas o si habían sido destituidos del Poder Judicial". Estas fueron, según la fiscal general de la República, Luisa Ortega Díaz, algunas de las medidas que el Consejo Moral Republicano adoptó para confeccionar la lista de 313 nombres de posibles miembros del máximo juzgado que el martes entregó a la Asamblea Nacional.
Sin embargo, los controles antes mencionados no fueron 100% eficaces, al menos esa es la conclusión a la que se arriba al constatar que entre los potenciales magistrados figuran tres jueces que fueron destituidos de sus cargos.
El más llamativo es Maikel Moreno, quien fuera uno de los que conoció el caso del asesinato del fiscal Danilo Anderson y que fue removido de su cargo como magistrado de la Sala 7 de la Corte de Apelaciones de Caracas en 2007 por la Comisión de Funcionamiento y Reestructuración del Sistema Judicial. La sanción ocurrió luego de que la Sala Constitucional pidiera su cabeza, alegando que había cometido un "error grave e inexcusable" y había desacatado su jurisprudencia al dejar en libertad a unos sospechosos de homicidio.
La ex jueza penal María del Carmen La Riva Ron fue otra que superó el filtro de la fiscal general, la defensora del Pueblo, Gabriela Ramírez; y el contralor general, Clodosbaldo Russián.
La Riva Ron fue destituida el 31 de julio de 1996 por el Tribunal Disciplinario del extinto Consejo de la Judicatura, el cual la declaró culpable de haber cometido "graves actos que comprometen la dignidad del cargo" y además prohibió su reingreso al Poder Judicial. En años más recientes debió enfrentar un proceso judicial, el cual terminó prescribiendo.
El ex magistrado de la Sala 1 de la Corte de Apelaciones de Caracas, José Germán Quijada Campos, también logró superar la segunda preselección, aún cuando en julio de este año fue destituido de su cargo por la Comisión de Funcionamiento y Reestructuración del Sistema Judicial, la cual determinó que infringió sus deberes al conocer el caso de Guillermo José Ramón Klapka Anato, quien fue acusado por la Fiscalía de intentar cobrar ante el Banco Central de Venezuela (BCV) unos papeles del Estado, supuestamente falsos, valorados en varios millones de dólares (Caso Bandagro).
Durante su programa en Radio Nacional de Venezuela (RNV), Ortega Díaz aseguró que también revisaron las postulaciones para verificar que cumplieran los requisitos previstos en la Constitución y la Ley del TSJ (Ser venezolano por nacimiento y no poseer otra nacionalidad, gozar de de reconocida honorabilidad, ser jurista, haber ejercido la abogacía durante un mínimo de 15 años y tener título universitario de postgrado en materia jurídica; o haber sido profesor universitario en ciencia jurídica durante un mínimo de 15 años y tener la categoría de profesor; o ser o haber sido juez superior).
La fiscal general justificó este nuevo escrutinio diciendo: "Probablemente en la primera selección (al Comité de Postulaciones) se les ha podido escapar algún detalle".
"Detalles se les escaparon en el Consejo Moral", se mofó un magistrado que fue consultado, el cual afirmó que el Poder Ciudadano "avaló a unos impresentables, mientras sacó a unos abogados, jueces y fiscales de gran valía que se habían postulado".
El más llamativo es Maikel Moreno, quien fuera uno de los que conoció el caso del asesinato del fiscal Danilo Anderson y que fue removido de su cargo como magistrado de la Sala 7 de la Corte de Apelaciones de Caracas en 2007 por la Comisión de Funcionamiento y Reestructuración del Sistema Judicial. La sanción ocurrió luego de que la Sala Constitucional pidiera su cabeza, alegando que había cometido un "error grave e inexcusable" y había desacatado su jurisprudencia al dejar en libertad a unos sospechosos de homicidio.
La ex jueza penal María del Carmen La Riva Ron fue otra que superó el filtro de la fiscal general, la defensora del Pueblo, Gabriela Ramírez; y el contralor general, Clodosbaldo Russián.
La Riva Ron fue destituida el 31 de julio de 1996 por el Tribunal Disciplinario del extinto Consejo de la Judicatura, el cual la declaró culpable de haber cometido "graves actos que comprometen la dignidad del cargo" y además prohibió su reingreso al Poder Judicial. En años más recientes debió enfrentar un proceso judicial, el cual terminó prescribiendo.
El ex magistrado de la Sala 1 de la Corte de Apelaciones de Caracas, José Germán Quijada Campos, también logró superar la segunda preselección, aún cuando en julio de este año fue destituido de su cargo por la Comisión de Funcionamiento y Reestructuración del Sistema Judicial, la cual determinó que infringió sus deberes al conocer el caso de Guillermo José Ramón Klapka Anato, quien fue acusado por la Fiscalía de intentar cobrar ante el Banco Central de Venezuela (BCV) unos papeles del Estado, supuestamente falsos, valorados en varios millones de dólares (Caso Bandagro).
Durante su programa en Radio Nacional de Venezuela (RNV), Ortega Díaz aseguró que también revisaron las postulaciones para verificar que cumplieran los requisitos previstos en la Constitución y la Ley del TSJ (Ser venezolano por nacimiento y no poseer otra nacionalidad, gozar de de reconocida honorabilidad, ser jurista, haber ejercido la abogacía durante un mínimo de 15 años y tener título universitario de postgrado en materia jurídica; o haber sido profesor universitario en ciencia jurídica durante un mínimo de 15 años y tener la categoría de profesor; o ser o haber sido juez superior).
La fiscal general justificó este nuevo escrutinio diciendo: "Probablemente en la primera selección (al Comité de Postulaciones) se les ha podido escapar algún detalle".
"Detalles se les escaparon en el Consejo Moral", se mofó un magistrado que fue consultado, el cual afirmó que el Poder Ciudadano "avaló a unos impresentables, mientras sacó a unos abogados, jueces y fiscales de gran valía que se habían postulado".
El Universal
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