Mientras algunos insisten en recordar el golpe de Estado de 2002 y otros en rememorar que el Presidente de la República protagonizó el fallido golpe militar de 1992, la advertencia que hace el jurista Gustavo Briceño Vivas es mucho más grave: "En Venezuela, hay golpes de Estado desde el Estado casi todos los días".La ruptura constante del orden institucional por parte de los poderes legalmente constituidos en el país que denuncia Briceño, lo impulsó a encabezar el equipo de abogados que redactó una serie de propuestas para complementar y hacer más eficaz la Carta Democrática Interamericana de la Organización de Estados Americanos, que será entregada en junio a su secretario general, José Miguel Insulza.
"Los golpes de Estado desde el Estado no están previstos expresamente en la Carta Democrática Interamericana y, por lo tanto, si ocurren no se pueden activar los mecanismos previstos en caso de ruptura de la institucionalidad democrática", explicó.
La propuesta del equipo, del que también forman parte Román Duque Corredor ex presidente de la Academia de Ciencias Políticas y Sociales y Carlos Ayala Corao ex presidente de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, consiste entre otros aspectos en ampliar el concepto de golpe de Estado.
"Según la carta, la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y de la CIDH, un golpe de Estado es una interrupción del poder legal por la fuerza, lo que ocurre es que hay poderes públicos legítimamente constituidos que violentan la democracia y, entonces, esos también son golpes de Estado", indicó.
Cuando Chávez entrega dinero a otros países de manera inconsulta, hay un golpe de Estado desde el Ejecutivo; cuando la Sala Constitucional estableció que algunos diputados no podían incorporarse a sus funciones, hubo un golpe desde el poder Judicial, y cuando la Asamblea Nacional otorgó poderes habilitantes al Presidente por un tiempo superior al que esos parlamentarios estarían en funciones, el golpe vino desde el Legislativo, ejemplificó Briceño.
"La carta se ha usado generalmente para sancionar golpes de Estado que vienen desde fuera del poder, pero lo cierto es que hay gobiernos que hacen uso inadecuado del poder público y se colocan al margen del sistema democrático", agregó Duque Corredor.
Advirtió que la carta contiene elementos que permitirían poner la lupa sobre los gobernantes antidemocráticos, pero que deben hacerse esfuerzos por mejorar y complementar el texto actual para hacerlo más eficaz.
Duque Corredor señaló que el informe que emitió la Comisión Interamericana de Derechos Humanos este mes pone en evidencia que en Venezuela hay una alteración constante del orden constitucional que proviene desde el mismo Estado.
Los abogados también plantearán a Insulza que sea legítimo que la sociedad civil pueda denunciar esos golpes ante el secretario general, para que se convoque a los cancilleres y se apliquen los procedimientos pertinentes. "Lo importante es que la petición sea vinculante para que la OEA tenga que activar la carta", dijo Briceño.
Los juristas proponen que se establezca que no sólo el Poder Ejecutivo pueda ser sancionado por violar la carta, sino que también puedan ser sujetos de sanción el Legislativo y el Judicial.
Ombudsman. La implementación de un mediador entre la OEA y el supuesto gobierno violador de la democracia es otro de los planteamientos. "El ombudsman para la democracia sería el encargado de recibir las quejas de la sociedad", explicó Briceño.
Duque Corredor agregó que además debería ponerse en funcionamiento un sistema de vigilancia de las democracias mediante el nombramiento de un relator.
Finalmente, plantearán que el secretario general pueda realizar visitas a los países miembros sin necesidad de que los gobiernos lo autoricen.
Briceño Vivas advirtió que aunque no se puede evitar que Chávez haga burlas sobre la OEA y sus mecanismos de control, tal cosa no es excusa para dejar de luchar por el fortalecimiento de las instituciones que defienden la democracia.
"Aunque estamos ante un Gobierno forajido, creemos que vendrá un gobernante que respete la democracia como sistema político", concluyó.
Sociedad defensora de la democracia
"Cuando el Gobierno de un Estado miembro considere que está en riesgo su proceso político institucional democrático o su legítimo ejercicio del poder podrá recurrir al secretario general o al consejo permanente a fin de solicitar asistencia para el fortalecimiento y preservación de la institucionalidad democrática, así como la sociedad civil podrá denunciar ante la secretaría general o el consejo permanente cualquier alteración del orden democrático o institucional proveniente incluso del propio Estado".
Así quedaría redactado el artículo 17 de la Carta Democrática Interamericana según la propuesta que se presentará al secretario general de la Organización de Estados Americanos, José Miguel Insulza, dentro de dos meses.
El aporte de los juristas consiste principalmente en incluir a los pueblos como sujetos legitimados para denunciar las rupturas de las democracias en sus respectivos países, incluso cuando provienen de sus autoridades.
El Nacional
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