El periodo de los ediles es de cuatro años. Los actuales asumieron en 2005 y su mandato vencía en 2009. A la fecha llevan seis años y para abril de 2013, mes fijado por el CNE para elegir alcaldes y concejales, sumarán ocho años. O sea, un periodo completo adicional a aquel para el cual fueron elegidos.
Ese “detallito” profundiza la enorme burla a la voluntad de las comunidades de todo el país, que han visto frustrado su derecho a elegir a sus nuevos representantes ante lo que la Constitución define como la “unidad política primaria de la organización nacional”.
Entre tanto, los concejales siguen usurpando una representación que en rigor no les pertenece, aprobando ordenanzas, manejando recursos financieros y tomando decisiones a la buena del señor. Eso sin contar las consabidas corruptelas políticas y personales que adornan el ámbito local.
En la Venezuela roja-rojita, el gobierno se niega a discutir contratos colectivos con sindicatos que tienen retraso en la elección de sus autoridades, cuyos procesos han sido confiscados, tutelados y dificultados por el estado. Pero mientras a los sindicatos se les excluye por no estar “legitimados”, se da carta blanca a la suprema ilegitimidad que reina en los municipios.
La decisión del CNE, que deja esta elección para 2013, no hace sino embochinchar aún más el desorden al que, con evidentes propósitos liquidacionistas, se ha empujado al poder municipal.
Ese “detallito” profundiza la enorme burla a la voluntad de las comunidades de todo el país, que han visto frustrado su derecho a elegir a sus nuevos representantes ante lo que la Constitución define como la “unidad política primaria de la organización nacional”.
Entre tanto, los concejales siguen usurpando una representación que en rigor no les pertenece, aprobando ordenanzas, manejando recursos financieros y tomando decisiones a la buena del señor. Eso sin contar las consabidas corruptelas políticas y personales que adornan el ámbito local.
En la Venezuela roja-rojita, el gobierno se niega a discutir contratos colectivos con sindicatos que tienen retraso en la elección de sus autoridades, cuyos procesos han sido confiscados, tutelados y dificultados por el estado. Pero mientras a los sindicatos se les excluye por no estar “legitimados”, se da carta blanca a la suprema ilegitimidad que reina en los municipios.
La decisión del CNE, que deja esta elección para 2013, no hace sino embochinchar aún más el desorden al que, con evidentes propósitos liquidacionistas, se ha empujado al poder municipal.
Noticias 24.com
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