La toma de edificaciones y terrenos en la Gran Caracas por parte del Gobierno continúa, pero al parecer tiene un elemento adicional negativo: no son canceladas.
Francisco Grullón, presidente de la Cámara Inmobiliaria Metropolitana, asegura que desde la antigua administración del alcalde Juan Barreto, el Ejecutivo se ha hecho de la vista gorda con respecto al pago de indemnizaciones por concepto de expropiaciones que se realizaron bajo su gestión. Sólo 12 propiedades (de casi 90) fueron pagadas.
Pero hay un nuevo escenario. El titular del gremio afirma que el Gobierno nacional, además de asumir las riendas de los inmuebles, también aprovecha la oportunidad de adquirir equipos y maquinarias.
"El Gobierno se apropia de lo que no es suyo para beneficiar a otros. Eso no está bien", señala.
Grullón expresa que las actuaciones del Estado en materia urbanística siguen perjudicando a la propiedad privada y agrega que la otra piedrita en el zapato es la adjudicación de viviendas que otorga la máxima autoridad en vez de títulos de propiedad.
El presidente de la Cámara Inmobiliaria Metropolitana explica que cuando el Gobierno adjudica cualquier estructura, el propietario está incapacitado para vender o alquilar.
El Ejecutivo parece convencido de que expropiando edificios podrá resolver la crisis habitacional porque, según los funcionarios gubernamentales, asume las riendas de viviendas ya levantadas, pero no se atreven a construir ni un edificio.
La Gaceta Oficial número 39.683 ordenó la "ocupación de urgencia" de una estructura ubicada en la urbanización Colinas de Vista Alegre, con un área de 12.015,37 m², con el propósito de crear la "Ciudad Comunal La Yaguara".
Grullón sostiene que las expropiaciones hechas en edificios en uso, estacionamientos, zonas verdes y áreas de oficinas muchas veces no son un espacio apto para ser habitado debido a la carencia de servicios básicos. Explica que cuando el Gobierno desarrolla los urbanismos sobre las estructuras se convierten en un "rancho bonito".
PURA CAMPAÑA ELECTORAL
Según Raimundo Orta, coordinador de la Asociación de Propietarios de Inmuebles Urbanos (Apiur), no es coincidencia que el Ejecutivo esté expropiando y haciendo censos en plena campaña electoral.
En referencia a la Gran Misión Vivienda Venezuela resalta que la promesa de entregar inmuebles a las familias más necesitadas "se parece a una rifa que tiene muchos números con pocos premios".
Igualmente, cree que el Estado legaliza las invasiones cuando éste procede a las expropiaciones. Por ello, advierte que el Ejecutivo no tiene la facultad de pasar por encima de la ley.
Orta alertó que de seguir las tomas forzosas, seguirán los enfrentamientos entre inquilinos y propietarios.
Con respecto a las adquisiciones de estacionamientos, señaló que es injusto apropiarse de ellos para construir unidades habitacionales porque son de espacios pequeños y los conductores resultarían perjudicados.
"A la hora de estacionar nos montaremos el carro en la cabeza", expresó. El representante de Apiur instó al Gobierno a construir ciudades en las afueras de la Gran Caracas.
Tal Cual Digital
Pero hay un nuevo escenario. El titular del gremio afirma que el Gobierno nacional, además de asumir las riendas de los inmuebles, también aprovecha la oportunidad de adquirir equipos y maquinarias.
"El Gobierno se apropia de lo que no es suyo para beneficiar a otros. Eso no está bien", señala.
Grullón expresa que las actuaciones del Estado en materia urbanística siguen perjudicando a la propiedad privada y agrega que la otra piedrita en el zapato es la adjudicación de viviendas que otorga la máxima autoridad en vez de títulos de propiedad.
El presidente de la Cámara Inmobiliaria Metropolitana explica que cuando el Gobierno adjudica cualquier estructura, el propietario está incapacitado para vender o alquilar.
El Ejecutivo parece convencido de que expropiando edificios podrá resolver la crisis habitacional porque, según los funcionarios gubernamentales, asume las riendas de viviendas ya levantadas, pero no se atreven a construir ni un edificio.
La Gaceta Oficial número 39.683 ordenó la "ocupación de urgencia" de una estructura ubicada en la urbanización Colinas de Vista Alegre, con un área de 12.015,37 m², con el propósito de crear la "Ciudad Comunal La Yaguara".
Grullón sostiene que las expropiaciones hechas en edificios en uso, estacionamientos, zonas verdes y áreas de oficinas muchas veces no son un espacio apto para ser habitado debido a la carencia de servicios básicos. Explica que cuando el Gobierno desarrolla los urbanismos sobre las estructuras se convierten en un "rancho bonito".
PURA CAMPAÑA ELECTORAL
Según Raimundo Orta, coordinador de la Asociación de Propietarios de Inmuebles Urbanos (Apiur), no es coincidencia que el Ejecutivo esté expropiando y haciendo censos en plena campaña electoral.
En referencia a la Gran Misión Vivienda Venezuela resalta que la promesa de entregar inmuebles a las familias más necesitadas "se parece a una rifa que tiene muchos números con pocos premios".
Igualmente, cree que el Estado legaliza las invasiones cuando éste procede a las expropiaciones. Por ello, advierte que el Ejecutivo no tiene la facultad de pasar por encima de la ley.
Orta alertó que de seguir las tomas forzosas, seguirán los enfrentamientos entre inquilinos y propietarios.
Con respecto a las adquisiciones de estacionamientos, señaló que es injusto apropiarse de ellos para construir unidades habitacionales porque son de espacios pequeños y los conductores resultarían perjudicados.
"A la hora de estacionar nos montaremos el carro en la cabeza", expresó. El representante de Apiur instó al Gobierno a construir ciudades en las afueras de la Gran Caracas.
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