Por si quedara alguna duda de la catadura moral de los servidores del régimen (no todos, desde luego) y su ruptura casi total con los principios que alguna vez dijeron sostener.
Basta con asomarse a la disposición mediante la cual 26 de los 32 magistrados del TSJ aprobaron autootorgarse un módico suplemento salarial de 10 mil bolívares (fuertes, ojo), para burlar así la reducción que experimentaron sus suelditos, que cayeron desde la altura de unos 30 mil bolívares fuertes (30 millones de los viejos) mensuales a la mitad.
Seis de los magistrados se opusieron a la disposición y devolvieron el bono. Una de ellos, Blanca Rosa Mármol de León, que considera, al igual que otros, que esa Ley no se puede aplicar al TSJ por considerarla anticonstitucional, ya que vulnera la autonomía funcional, administrativa y financiera de ese poder del Estado, dejó sentada, eso sí, una posición éticamente importante, al devolver el bono: en todo caso es la ley y hasta tanto el propio TSJ la derogue, está vigente y debe cumplirse.
Pero el TSJ en lugar de responder a los recursos de nulidad interpuestos ante el máximo tribunal contra tal ley (cosa que no hace por la muy obvia razón de que si los aprobaran ello llevaría a un choque de trenes con Chávez (impulsor de la ley) y a la casi totalidad del TSJ tal perspectiva le produce una paralizante mezcla de currutaquillo con tembleque) ha preferido la artimaña, la viveza, coger por los caminos verdes; así pues, lo que se quitaron con una mano se lo devolvieron con la otra.
Por su parte, este minicronista, que está de acuerdo con el espíritu de la fulana ley, se pregunta qué va a pasar ahora: ¿la actitud de seis de sus integrantes al devolver el bono no obliga al TSJ en su conjunto a resolver sobre la materia o se van a seguir haciendo los locos y embolsillándose la regalía de esos fraudulentos 10 mil bolivaritos de tan singular cestaticket?
Tal Cual Digital
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