A pesar de los múltiples pronunciamientos a favor de la jueza María Lourdes Afiuni, el Gobierno se ha negado a otorgarle una medida cautelar menos gravosa que la de casa por cárcel y a permitirle realizarse los tratamientos que requiere para recobrar su salud.El presidente Chávez instó el pasado domingo 17 de julio al Poder Judicial a que dicte medidas humanitarias a los “políticos presos” que padecen alguna enfermedad.
Sin embargo, aún se desconoce si Afiuni formará parte de la supuesta lista que elaboró la fiscal general de la República, Luisa Ortega Díaz, donde se dan a conocer los nombres de quienes podrían ser liberados en los próximos días.
“El exhorto que hizo el Presidente demuestra la no separación de poderes y el sometimiento del Ejecutivo sobre el Judicial, ya que esas medidas han debido otorgarse con anterioridad a todos los presos políticos enfermos, según lo establecido en los artículos 43 y 83 de la Constitución, y el 532 del COPP”, explica José Amalio Graterol, abogado de la jueza.
Graterol añade que, “si bien es cierto que esta casa por cárcel es parte de una medida cautelar que establece el artículo 256, numeral 1º, del COPP, no es menos cierto que en reiteradas jurisprudencias del TSJ se señala que esta detención domiciliaria es igual a una privación de libertad y eso no le permite realizarse los tratamientos médicos”.
Lo que solicita el representante legal de Afiuni es que se le otorgue una medida de presentación periódica al tribunal y que pueda desenvolverse con normalidad para recibir las atenciones médicas que requiere.
Además, sostiene que “en primer término, el delito por el cual ella está siendo juzgada no excede en su límite máximo los 10 años, por lo que la ley no presume peligro de fuga.
Y el 17 de mayo de 2010, en la audiencia preliminar, el Ministerio Público reconoció que no hubo dinero ni promesa de dinero, por lo tanto no está configurado el delito de corrupción por el cual la acusan”.
LISTA ILEGAL
En cuanto a la presunta lista que elaboró la Fiscalía, Graterol asegura que es “violatoria de lo que establece nuestro ordenamiento jurídico porque el MP no es quien decide quién sale o entra a las cárceles. Los jueces son quienes pueden decidir eso”.
“No le hacemos caso a esa lista sino que esperamos que le giren la orden al juez y le otorguen la medida a Afiuni. Es algo totalmente fuera de derecho, pero como lo están haciendo con los otros presos políticos, esperamos que haya igualdad ante la ley”, agrega.
Por su parte, Nelson Afiuni, hermano de la jueza, indica que “para nadie es un secreto que tiene graves problemas de salud. Todavía no se ha recuperado 100% y, por lo que veo, el Gobierno ya no tiene intención de seguir con el tratamiento, entonces lo lógico es que le den su libertad para que ella lo haga”.
El hermano de la jueza denuncia que los dos quistes que tiene ella en los senos no han sido revisados y que el informe médico que salió del Oncológico Padre Machado está en manos del tribunal, por lo que no tienen clara su situación médica.
“Después de la operación de útero, presentó problemas de vejiga que aún no se han corregido”, dice.
Graterol añade que “el juez Alí Paredes escoge con cuál médico se va a ver la jueza, en qué fecha y en cuál centro de salud. En varias oportunidades la ha extorsionado judicialmente: le dice que si inicia el juicio público, la manda para el médico. Si no, no”.
VOCES EN SU FAVOR
- ONU, CIDH y CorteIDH
- Human Rights Watch y Amnistía Internacional
- Jueces de Holanda
- Abogados de Canadá y Nueva York
- Congresos de Paraguay y Estados Unidos
- Parlamentos europeo y español
- Marisabel Rodríguez
- Observatorio Venezolano de los DDHH de las Mujeres
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