La entrada en vigencia de la Ley de Emolumentos que 
regulará los sueldos de los funcionarios públicos de alto nivel e incluso hasta el del Presidente de la República ha generado una polémica por su aplicación y la forma en que se verían afectados los empleados del Estado.
El artículo 3 de la norma reza que son ámbito de su aplicación las universidades públicas, los órganos y servicios desconcentrados, los servicios e institutos autónomos y las empresas del Estado.
Es por ello que instituciones como el Consejo Nacional Electoral, el Tribunal Supremo de Justicia y el Banco Central de Venezuela, tendrían la necesidad de modificar sus nóminas, al menos la de los altos funcionarios.
Un empleado del Consejo Nacional Electoral que prefirió mantener su nombre en resguardo, aseguró que en el caso específico del ente electoral solo afectaría a los rectores, que son los que tienen, entre sueldo, primas y bonos, un ingreso superior a los 12 salarios mínimos que establece la nueva ley.
Estudios preliminares realizados por técnicos del BCV determinaron que, de aplicarse la norma a los empleados públicos en todos los niveles, representaría una reducción del 50% en la nómina del Estado, caída de 6 puntos en el PIB y de 8% en el consumo.
Uno de los objetos de la ley es el respeto a las contrataciones colectivas, que en el caso del CNE los empleados y obreros están blindados por varias razones, la principal es que en ningún caso un funcionario se iguala al sueldo de los rectores, que extraoficialmente se conoció puede llegar a los 40 mil bolívares, aunque sí superan el máximo establecido de 12 salarios mínimos, que es el tope para el Presidente de la República y los rectores del ente electoral.
En el caso de la Asamblea Nacional, la nueva junta directiva y los diputados electos deberán esperar la quincena siguiente para ver reflejados los cambios.
El monto del ingreso a los parlamentarios es similar al del jefe del Estado. Trascendió que en el Palacio Legislativo la aplicación del instrumento jurídico no es tema de discusión por ahora, pero los funcionarios "rasos" esperan no ver su bolsillo afectado.
PASILLANEANDO
En lo interno del Banco Central de Venezuela se conoció que la consultoría jurídica está haciendo una profunda revisión de la norma jurídica, especialmente del artículo 6 que habla de la proporcionalidad y el respeto de las responsabilidades, jornada laboral y reconocimiento.
El pasado jueves, algunos trabajadores del ente emisor se plantearon la posibilidad de jubilarse e, incluso, renunciar con los sueldos que ostentan actualmente, antes de ver minimizados sus ingresos, según destacó un funcionario del BCV.
"Hasta personas llorando hubo ese día", agregó. Asimismo, el aumento que les prometieron el año pasado no lo han ejecutado a la espera de una posible reunión, solicitada por el presidente del banco, Nelson Merentes con el jefe de Estado Hugo Chávez.
Aunque la sanción de la Ley de Emolumentos ya había sido postergada en varias oportunidades, tomó por sorpresa a los empleados del sector oficial el pasado mes de diciembre como parte del paquetazo de "leyes express" que dejó la gestión de Cilia Flores.
Tal Cual Digital
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