Ya no es nuevo advertir que al menos 130.000 toneladas de alimentos se pudrieron en las manos del Gobierno. El país cruzó el umbral de otro año y el juicio sobre el caso Pdval volvió al principio. El Tribunal Supremo de Justicia anuló el proceso contra los tres imputados del caso pero, entrelíneas, la sentencia indica detalles inadvertidos, como los millones de dólares que fundaron esa empresa sobre la que ahora se tejen tantos escándalos de corrupción."El total de los recursos financieros aprobados ascendieron a la cantidad de USD$ 2.200.000.000,00", dice el Ministerio Público en el documento que el TSJ publicó en diciembre para decretar el reinicio del caso. Tanto dinero hubiera alcanzado para comprar 4.400 millones de litros de leche.
Los 2.200 millones de dólares que dieron origen a Pdval servirían, según el precio del mercado actual, para comprar más del doble de los productos lácteos que consumen los venezolanos en un año. Es decir que sin contar la inflación y la devaluación, Venezuela pudo nadar en leche y otros productos que escasearon en 2008.
Borrón y cuenta nueva
¿Qué pasó con tanto dinero? ¿A dónde fueron los dólares preferenciales que el Gobierno aprobó a 2,15 bolívares para llenar las neveras y despensas venezolanas? Es una respuesta que el Poder judicial no ha precisado. A esta hora sólo se sabe que sin contar los sacos de caraotas o envases de productos como mayonesa, que tiraron en los vertederos de Tiguadare, estado Falcón, y Río Acarigua, en Portuguesa, las denuncias del año pasado suman al menos 130.000 toneladas de alimentos perdidos.
El último fallo del TSJ hace borrón y cuenta nueva. La Sala de Casación Penal ordenó repetir el proceso pero en medio de esa disertación, deja claro que buena parte de las denuncias y explicaciones que salieron en los medios son tan ciertas, que la Fiscalía señaló malos manejos en una cadena de tres filiales de Petróleos de Venezuela: Pdval, Bariven y Pdvsa Services Inc.
La mano cubana
En 2010 empezó a sonar una cosa a la que llaman Centro Nacional de Balance de Alimentos. Era un nombre largo y desconocido para un ente sobre el que aparecieron documentos firmados por la funcionaria cubana Bárbara Castillo.
Desde ese organismo adscrito a la Vicepresidencia de la República y que ahora se le conoce como Cenbal, salían los lineamientos que el Gobierno empleó a la hora de importar comida; en sus oficinas se decidió la dieta y los productos que debían consumir los venezolanos. Esa es la información que ha venido circulando en prensa y que ahora ratifica la Fiscalía, en el fallo que el TSJ publicó el pasado 16 de diciembre. "Tomando como base los requerimientos de alimentos establecidos por el Centro Nacional de Balances de Alimentos (Cenbal), la empresa Productora y Distribuidora Venezolana de Alimentos, S.A., (Pdval) procedió a requerir de la empresa Bariven, filial de Petróleos de Venezuela, mediante solicitudes de pedidos la compra de alimentos en el mercado internacional", sostiene el fallo del TSJ.
El proceso indica que las órdenes de compra salían de Pdval en una base de datos colectiva, que recibía Bariven y que finalmente procesaba a través de Pdvsa Services Inc, cuya sede de Houston, Estados Unidos, contrataba a los proveedores, empresas navieras e intermediarios que trajeron la carga a Venezuela. Fue así como toneladas y toneladas de alimentos fueron llegando a los puertos.
Casualidades
Las noticias de Pdval no salieron a la luz pública por alguna contraloría interna o denuncia de las comunidades vecinas. Ni siquiera por la investigación que la diputada regional del estado Carabobo, Neidy Rosal, solicitó en Fiscalía tres meses antes de que todo trascendiera a la opinión pública. La historia oficial indica que una casualidad disparó las alarmas.
De acuerdo con el fallo del TSJ, todo empezó por el robo de tres contenedores: "La presente investigación se originó en virtud de la denuncia realizada en fecha 21 de mayo del presente año por el ciudadano Carlos Aranguren, gerente de Patio de la empresa Centro de Almacenes Congelados, C.A., (Cealco), ante el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin), donde denunciaba el hurto de tres (03) contenedores en Puerto Cabello".
Tercer cumpleaños
Pdval cumplió tres años la semana pasada. Aunque con poco tiempo, carga a cuestas uno de los escándalos de corrupción más grandes que se hayan visto en la historia de Venezuela. Eso destaca Leopoldo López, quien señala que la decisión del TSJ pone en evidencia la parcialización de la justicia venezolana. "Hay que destacar que mientras el Gobierno usa los tribunales para criminalizar la política y sentenciar a diputados como Biaggio Pilieri, aplican prácticas dilatorias con casos como este, donde evidentemente hubo un daño a la nación y delitos de traición a la patria", dice.
Al ex presidente de Pdval, Luis Pulido, la ex directora de Operaciones, Mercedes Vileyska Betancourt, y el ex gerente general, Ronald José Flores, se les imputan delitos de boicot y peculado culposo. El TSJ anuló el proceso en su contra, por considerar que su defensa violó el derecho al debido proceso a cambio de mayor celeridad. Siguen, sin embargo, presos a la espera de un nuevo juicio.
El ex diputado Juan José Molina recuerda que es imposible pensar que tres personas hayan instrumentado la red de corrupción más grande que se haya visto en el país. El año pasado dejó esas y otras conclusiones en un documento que consignó en la Contraloría General de la República, el Ministerio Público y la propia Asamblea Nacional. Sin embargo, sólo ha recibido silencio como respuesta.
"Este caso no prescribe", agrega Leopoldo López. El dirigente de Voluntad Popular habla de unos nuevos chinos de Recadi a los que se les quiere achacar los delitos de toda una mafia: "La Fiscalía ni nadie va por los peces gordos; hay que insistir en que esta cadena de abusos está encabezada por Rafael Ramírez".
Vínculos familiares
Hasta el tío del ministro de Energía y Petróleo y presidente de Pdvsa ha salido a relucir en la trama de esta historia. Aunque la junta directiva de Pdval cambió en tres oportunidades, el nombre de Egli Ramírez siempre se mantuvo en el segundo puesto de la Organización. Se trata de una información publicada en prensa en julio del año pasado, y que no habría pasado de allí si no fuera porque también sirvió a la Fiscalía para pedir y sustentar la mudanza del juicio. En octubre apelaron a esa y otras 62 denuncias que salieron en los medios, para sustentar una medida que luego acogió el TSJ para pasar el proceso de Puerto Cabello a Caracas.
"La Fiscalía está leyendo y reconociendo las denuncias que han salido en los medios de comunicación", concluye López. "Que no se haya abierto una investigación contra Ramírez y los otros funcionarios involucrados hace cómplice a los fiscales y a todos los que están de una manera u otra en la investigación".
En eso coincide la diputada al Consejo Legislativo del estado Carabobo, Neidy Rosal, quien fue la primera en hablar de comida podrida apiñada en los puertos y almacenes del país. En marzo del año pasado dejó constancia en el Ministerio Público de la primera de seis denuncias que ha consignado y ahora, frente a los últimos vaivenes del caso, manifiesta que unos tecnicismos legales buscan dilatar el juicio. "Lo que tenemos acá es un abocamiento de oficio", explica. "Eso quiere decir que un magistrado, en este caso Eladio Aponte, se metió en el caso porque determinó irregularidades en el debido proceso, y ahora yo le digo a ese magistrado que si está tan preocupado por el tema, que por favor exija la celeridad porque ya ha pasado un mes desde que anuló el juicio".
Pica y se extiende
Ninguna persona puede pasar más de un año presa sin que se le abra un juicio. Lo recuerda la diputada Rosal, porque teme que el escándalo de los alimentos perdidos termine así. "Ha habido ocho diferimientos de audiencia, tres cambios de jueces y luego tres suspensiones de juicio", dice. "Pareciera que estamos ante tecnicismos legales y practicas dilatorias que buscan subterfugios para posponer la sentencia".
La Mesa de la Unidad aprovechó la memoria y cuenta que el Presidente de la República, Hugo Chávez, dio ayer para mandarle un comunicado, que pidiera cuentas sobre los problemas del país y, entre ellos, destacó los ya célebres contenedores con comida podrida: "Exigimos saber qué acciones tomó el Gobierno ante el grave daño ocasionado al patrimonio de la nación y a los venezolanos en general en el caso de los contenedores de Pdval. Queremos tener respuesta y conocer a los verdaderos responsables".
La diputada al Parlamento Latinoamericano, Delsa Solórzano, añade que el caso Pdval seguirá dentro y fuera del país. El año pasado denunció el tema en la sede principal que la FAO tiene en Roma, y en su representación en Caracas. Hasta hoy no ha tenido más que un sello de recibido. Adelanta, de todas formas, que ahora llevará el caso a la Red de parlamentarios contra el hambre, que tiene el Parlatino en Panamá.
El Universal
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