Serie Corrupción Judicial: Los Enanos, delincuentes en el estrado

El caso fue presentado con urgencia ante la sala 1 de la corte de apelaciones del Circuito Judicial Penal de la Circuncripción Judicial del Area Metropolitana de Caracas. Aunque varios especialistas se opusieron a una decisión favorable, la medida fue anunciada como definitiva: se revocaba la sentencia tomada años antes por un juzgado penal, y de le daba la completa absolución a los implicados.

El delito juzgado: robo agravado en grado de frustación, robo agravado, porte ilícito y uso indebido de armas de fuego. Los responsables: William Enrique Castellano y Gumer Augusto Quintana.

Gumer Quintana es uno de los más prominentes miembros de la llamada banda de Los Enanos. Quintana no era un juez cualquiera. En abril de 2005 fue nombrado por el Tribunal Supremo de Justicia como juez del Tribunal 19 de control penal, tras la renuncia del titular Rafael Matos Esté. Durante la ceremonia de juramentación, el magistrado Omar Mora le dedicó estas palabras: “Necesitamos un Juez honesto, con sensibilidad social y humana, que con amor, pasión y dedicación, brinde un servicio de justicia de excelencia, de primera categoría, con humildad, sin prepotencia, pero sobre todo con transparencia, ese es el compromiso que nos pide la Patria…”. Pronto, la calidad de la “formación” juridical de Quintana salió a relucir.

Durante una investigación realizada en el 2006 por la Comisión Judicial del TSJ, salió a relucir un extenso reporte de que había caido preso en un atraco, y detenido en la cárcel de la Planta.

El expediente describía el asalto a las firmas Corporation New Par Office C.A., en diciembre de 1996; y asalto a las firmas Sipco Consult y Computer Centro, en Julio y septiembre de 1997, respectivamente. Sin embargo, el caso había sido desechado por un tribunal luego de la llegada de Chávez al poder. A pesar de que había sido suficientemente reconcido por testigos, el juez del caso respaldó la coartada usada por Quintana para defenderse de las acusaciones de atraco: que había estado fuera del país en las fechas de los delitos. No obstante, indicaba el informe judicial, “nunca fue consignado el pasaporte para probar las fechas de salida del país”.

En el expediente en su contra, se reveló también que durante la presunta fecha en que Quintana afirmaba estar fuera del país, sospechosamente abrió una cuenta corriente en el desaparecido Banco Unión número 1001-20016-3, precisamente el mismo día en que había cometido el delito contra Corporation New Par Office, C.A. Otro detalle oscuro de Quintana: había participado en un tiroteo después del atraco a la empresa Comdex Group, y había recibido un disparo en el glúteo, cuando “iba huyendo”.

La narrativa del asalto y posterior detención de Gumer Quintana no escatima suspenso, de acuerdo al testimonio de Nereida Cadenas, una de las víctimas del fallido atraco:
“Un sujeto bien vestido se presento a mi local, solicitando información. Le digo al tecnico que continue atendiendo a este señor, y yo subí al baño, estando en el baño, el sujeto que estaba esperando al sujeto, subió y abrió la puerta del baño y me apuntó con un arma de fuego. Me dijo que me quedara tranquila y que no fuera a gritar. Me pidió que me acostara en el piso. El primero que entró que estaba bien vestido y estaba de traje, me amarró con unos flejes plásticos que tenía en un maletín que portaba. Luego empezaron a tocar la puerta, era mi papa y mi esposo, que trasladaban mercancía que habían comprado. Ellos empezaron a preguntar por mi y uno de ellos, el que estaba vestido deportivamente, bajó y les dijo que subieran que nosotros estabamos arriba, y mi esposo decía que no, que yo bajara. Pasó un rato y luego escucho unos disparos, y subió mi papa y mi esposo, logrando quitarnos los flejes y soltándonos. Cuando bajamos, estaban ya los sujetos aprehendidos por unos funcionarios de la Policia Metropolitana”.

En 2008, Gumer Quintana fue acusado de forjar expedientes en el caso del fiscal Danilo Anderson, que estaba siendo procesado por su tribunal. Cuando se presentó ante la Fiscalía General en Caracas en abril de ese año para rendir declaraciones sobre estas acusaciones, lo hizo portando un revólver en la cintura. Los funcionarios de la fiscalía ordenaron inmediatamente que le fuera retirada el arma.

Crisis moral

El caso del juez Quintana, actualmente destituido de sus funciones por el TSJ, es apenas una muestra de una mucho más extendida crisis en el seno del poder judicial, de acuerdo a informes oficiales a los que tuvo acceso ImpactoCNA. En un reporte de la Dirección Ejecutiva de la Magistratura (DEM), el máximo organismo ejecutivo del TSJ, se ofrece un panorama íntimo de la lucha de poderes y los niveles de irregularidades sin precedentes que se han hecho común en el sistema judicial venezolano. “Durante un lapso de varios meses que abarco toda la gestion administrativa del Magistrado, fue develada una grave crisis, que tiene como columna vertebral, en primer lugar actitud carente de ética, de capacidad, de conocimiento académico y de insuficiencia de Infraestructura, así como de formación y disciplina de los Funcionarios Judiciales, que según se demuestra en el análisis que prosigue, pone en riesgo la más efímera manifestación de una correcta aplicación de la Constitución, las Leyes y demás normativas de la República Bolivariana de Venezuela, en respeto de la nueva dimensión que quiere darse a la justicia como principio de derecho humano primario”.

La investigación de la DEM mostró “la grave problemática con respecto a los siguientes aspectos, tornados como tipo emblemático que delata la incertidumbre existente, y la urgente necesidad de correctivos para continuar en un Estado de Derecho que responda a los intereses colectivos, y al avance del país en el orden del bien común tanto a nivel Colectivo interno, como al resguardo de los intereses de la República, dentro del marco internacional:
• Actos de corrupcion en el ejercicio de las funciones de los jueces.
• Grupos de abogados y jueces que se erigen en lo que comúnmente es denominado como “Tribus Judiciales” o “Mafias Tribunalicias”.
• Desconocimiento del derecho.
• Arbitrariedad al dictar sentencias.
• Errores de derecho que atentan contra los justiciables y administrados, y sobre el Estado de derecho en el país.
• Incapacidad de dirección del despacho que detentan, en los términos que más podemos puntualizar.
• Retardo procesal injustificado.
En el tiempo de gestión del Magistrado encabezando estos dos importantes entes del Poder Judicial Venezolano, “comenzó un arduo proceso de reestructuración y depuración del poder judicial venezolano, en el cual se pretendía una vez verificadas las irregularidades cometidas por los jueces en el ejercicio de sus funciones, y en procura de los intereses y derechos de los venezolanos y el estado de derecho garantizado por la constitución de la República Bolivariana de Venezuela”, con el fin de ordenar “la separación de sus cargos a los jueces encontrados como culpables”.

Las irregularidades eran tan extendidas, indicó el escrito, que la DEM ordenó el despido de más de 300 jueces “cuyos actos de corrupción e irregularidades ya estaban siendo investigados”.
Pero la depuración no duró mucho. “Se vieron afectados intereses de las mafias ya
indicadas que laboran en conjunto y en complicidad, a nivel nacional por intermedio de los tribunales e incluso por medio de la persona del juez, quienes comenzaron a articular componendas de descrédito de la tercera parte de los jueces que a nivel nacional se desempeñaban en distintas jurisdicciones y competencias, a los cuales se les han encontrado suficientes causas objetivas que justifican su inmediata separación del cargo”. El reporte indicó que investigaciones sobre actuaciones irregularidades cometidas por otros 400 jueces nunca pudieron ser procesadas.

ImpactoCNA