Ciudadanos y expertos se preocupan por el futuro de los agentes que tengan problemas de conducta y no ingresen a la nueva Policía Nacional. Proponen crear una base de datos con todos los funcionarios que queden cesantes
Falta menos de dos meses para que la Policía Metropolitana se extinga por completo de las calles de Caracas. Ya es de conocimiento público que el próximo 31 de diciembre serán desplazados por la Policía Nacional Bolivariana, quienes ya transitan por algunas zonas de la capital.
Aunque la llamada "policía rojita" tiene contemplado adiestrar a sus funcionarios en la Universidad Experimental de la Seguridad, también está previsto asumir a un grupo de funcionarios de la PM que pasen el proceso de selección. Un segundo grupo será jubilado y aquellos funcionarios que tengan abierto un proceso de investigación judicial quedarán destituidos.
El especialista en criminalística Fermín Mármol García, explica que a esos individuos que no reúnen las condiciones para formar parte de ninguna policía, por tener causas penales abiertas, se les va a ser difícil conseguir trabajo tanto en los entes públicos como privados.
"La empresa privada difícilmente va a absorber a hombres y mujeres que tienen prontuarios policiales", asegura el experto.
Si bien es cierto que no todos los funcionarios que tienen una averiguación penal en su contra son culpables, Mármol García explica que la población caraqueña tiene muchas reservas hacia la PM.
"Si no fueron buenos para trabajar para el Estado, tampoco son buenos para trabajar para la empresa privada", asevera.
PROCEDIMIENTO IDEAL
La pregunta es ¿Qué debe hacerse con los funcionarios que han sido ligados a un delito? El criminalista manifiesta que hay que ser muy cuidadosos y recomienda que cuando la PM tenga "su muerte legal" ya exista una data con la información actualizada del expediente administrativo de todos los funcionarios. Esta base de datos debe crearse con la supervisión de la Contraloría y entes públicos.
"Tenemos que actualizar las fotos de frente y de perfil, actualizar la decadactilar (huella de los dedos), actualizar las direcciones de sus padres, la propia y una dirección alterna de un familiar, también es necesario hacer un inventario de los bienes del Estado que estos funcionarios tienen en su poder, como por ejemplo: las placas, los uniformes, armas y bienes automotores, entre otros", detalla Mármol García.
La idea es que aquellos funcionarios queden reseñados administrativa- mente para que en un futuro, si resultan sospechosos en una actividad delictiva, los cuerpos de seguridad puedan pesquisarlos y llegar a ellos.
AQUÍ NO LOS QUEREMOS
Miguel Ángel Villegas, secretario general de la Policía Nacional Bolivariana, asegura que no conoce el número de funcionarios que han pasado de la PM a la PNB, ni cuánto será el número en total.
"Está establecido que sea la mayor cantidad posible de `azules’. Lo que sí está claro es que los funcionarios que tengan problemas administrativos, penales y disciplinarios, y los que estén sometidos a investigaciones no van a pasar a la PNB. No queremos esa gente acá", asegura.
"Una persona que queda destituida de un cargo policial tendrá que buscarse otro trabajo, obviamente. Cada quien es responsable de sus actos y el Estado no puede buscarles trabajo", indicó Villegas.
Al secretario general de la PNB no le parece apresurada la instauración de la nueva policía, pues asegura que "es una institución que nace según la Constitución en el artículo 332 del año 99".
Villegas también explica que el cuerpo preventivo debería formarse con bachilleres, pero en una primera instancia se va a "captar a los buenos hombres de la PM para darles la oportunidad de que ingresen a la Policía Nacional bajo un proceso de selección".
Tal Cual Digital
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