De las 14 denuncias presentadas en contra del presidente Hugo Chávez en lo que va de año, ninguna ha prosperado. El Ministerio Público nunca se ha inclinado por solicitar el antejuicio de mérito en contra del primer mandatario nacional, sino que ha optado por pedir a la Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia que desestime los casos. La mayoría de los magistrados ha aceptado este requerimiento todas las veces y los expedientes han sido definitivamente archivados.
La entrega de dinero a terceros países en detrimento de las necesidades de la población venezolana y sin el cumplimiento de los requerimientos legales necesarios para tales desembolsos, es la denuncia recurrente en contra del jefe del Estado.
Sólo el 11 de agosto de este año la plenaria del TSJ mandó a engavetar tres casos en los que diferentes demandantes alegaban que Chávez había autorizado inversiones por altas sumas de dinero en otros países. "El Estado venezolano, a través del Banco de Desarrollo Económico y Social de Venezuela, financia un proyecto energético con la República de Cuba para la construcción de la planta de energía termoeléctrica de fuel oil de 175 MW en la provincia de Holguín (Cuba)", señala la denuncia procesada con el número de expediente AA10-L-2010-000051, cuyo archivo fue solicitado por la Fiscalía y acordado por el TSJ.
La causa en la que se denunció que el propio Presidente de la República había admitido que autorizó donaciones y regalías a más de 30 países por un monto superior a los 21 millardos de dólares, también fue desestimada.
Igual suerte corrió el expediente AA10-L-2009-000239, en el que el demandante alegó que Chávez tenía que ser enjuiciado debido a que, a pesar de las fallas en el suministro de energía eléctrica sufridas en Venezuela, el Gobierno firmó un acuerdo de cooperación en el que se comprometía a apoyar a Haití y a Nicaragua mediante inversiones en el área de generación eléctrica. El delito de traición a la patria es el que más se repitió en las denuncias presentadas en contra del primer mandatario nacional, seguido por el de instigación a delinquir y al odio público.
Tanto el Ministerio Público que es el órgano encargado de recibir las denuncias y de solicitar al TSJ el antejuicio del Presidente o la desestimación del caso como la mayoría de los magistrados del máximo tribunal de la República que son los que acuerdan o rechazan el archivo de las causas contra el primer mandatario nacional, argumentaron en todos los casos que los denunciantes no establecían de manera circunstanciada el hecho que, según ellos, constituía delito. Este criterio imperó en el TSJ tanto en las denuncias por presunta traición a la patria como en otras en las que se señaló a Chávez por peculado, tráfico de armas y asociación con organizaciones terroristas.
El Nacional
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