La razón de la expropiación de la planta de arroz de Cargill, que está ubicada en Píritu, municipio Esteller, estado Portuguesa, fue que la empresa estadounidense violaba la resolución que establece que se debe procesar 80% de arroz blanco de mesa al precio regulado. Esta industria sólo molía arroz parboiled o vaporizado, marca Santa Ana.
La medida publicada en la Gaceta Oficial 39128 del 2 de marzo de 2009, ordenó a todas las empresas agroindustriales producir 80% de arroz regulado o serian sancionados como lo establece la Ley para la Defensa de las Personas en el acceso a los Bienes y Servicios.
En esa oportunidad, el presidente Hugo Chávez exigió una investigación judicial contra la empresa porque presuntamente acaparaba arroz y fabricaba el tipo parboiled que se vendía a un precio superior.
El entonces viceministro de Agricultura, Richard Canán, expresó: “Cargill no está produciendo ni un solo kilo de arroz regulado, pero sí 2.400 toneladas al mes de arroz parbolizado no objeto de regulación”.
A un año de la expropiación, la afirmación del hoy ministro de Comercio sigue vigente, porque la empresa ahora en manos del Gobierno sigue sin procesar ni un gramo de arroz regulado.
En lugar de elevarse la capacidad de producción, se reporta una reducción de 50%, incluso el procesamiento de la variedad parboiled también ha caído en más de 66%. De 2.400 toneladas de arroz empacado vaporizado que distribuía la empresa al mercado nacional, para marzo de 2009, hoy a manos del socialismo, apenas llega a 800 toneladas.
El decreto de expropiación afirmó que la empresa de Cargill era imprescindible para la ejecución de un proyecto y adecuación de la planta, para la producción de arroz blanco de mesa destinado al consumo masivo. Representantes del Gobierno señalaron que la planta seria adaptada para procesar arroz blanco y no parboiled, pero técnicamente no han podido llevar a cabo la transformación ni la instalación de otros equipos.
En esta planta solo pueden utilizar los equipos de molienda y empacado, las secadoras no funcionan porque están en mal estado y tampoco tienen capacidad para almacenar arroz paddy húmedo, y lo que reciben deben procesarlo de inmediato.
El producto, con la marca Arroz del Alba Parbolizado, llega a los supermercados Pdval y Bicentenario a 4,40 bolívares el kilo, 20,2% más caro que el regulado que se vende en 3,66 bolívares. En letreros puestos en los supermercados del Gobierno se indica que el arroz parboiled socialista es más barato que “el capitalista”, que cuesta entre 5,60 y 8,30 bolívares el kilo. El Ejecutivo admite que los costos de producción de esta variedad son elevados y sobrepasan los 3,54 bolívares por kilo. En el sector privado las procesadoras de arroz han dejado de colocar en el mercado el parboiled, por las restricciones impuestas. Sólo una empresa saca una pequeña cantidad que no alcanza 5% de su producción.
Entretanto, en la planta que era de Cargill, la mayoría de los técnicos se retiraron cuando el Gobierno ordenó bajar los sueldos y desmejorar los beneficios laborales. La planta en la que ondea la bandera cubana, junto con la de Venezuela y hay letreros con la imagen del Che Guevara, forma parte de las empresas del Alba del convenio con Cuba. Con la transferencia de esta compañía a la nueva CVAL, Corporación Venezuela de Alimentos, existen dudas si los cubanos continuarán al mando.
Igualmente se han reportado problemas con la materia prima para procesar. Los programas de siembra financiados por el Estado no fueron eficientes, y el inventario de arroz para esta empresa ha estado auxiliado por los productores privados.
Cronología
-2 Marzo 2009: Fijan cuotas de productos regulados, entre ellos el arroz
-4 Marzo 2009: Anunció del Presidente: Expropiación de Cargill
-31 Marzo 2009: Publicación en Gaceta Oficial del Decreto de Adquisición Forzosa de la planta de Arroz operada por Cargill Venezuela en el estado Portuguesa
-11 Febrero 2010: Aprobación de recursos para la expropiación de la planta arrocera
-Estado actual: La planta que era de Cargill continúa produciendo arroz parbolizado y los trabajadores están descontentos por desmejoras salariales.
El Nacional
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