A semanas de que el Estado venezolano deba enfrentar en la Corte Interamericana de Derechos Humanos un nuevo juicio, por la violación de los derechos políticos del ex alcalde de Chacao, Leopoldo López, el responsable de defenderlo en este proceso y otros, Germán Saltrón, advirtió que no tiene recursos económicos para llevar a cabo esta tarea.En un comunicado publicado en enero pasado en el diario oficialista Vea y dirigido al presidente Hugo Chávez, el agente del Estado ante el Sistema Interamericano de Protección de Derechos Humanos "abrumado por la vergüenza" denunció que el Ministerio de Relaciones Exteriores no le ha suministrado los fondos necesarios para cancelar los honorarios del personal que labora en su oficina.
"El 28 de febrero de este año, cumpliré cuatro años en el cargo y lamento inmensamente participarle que el problema de la contratación del personal se repite todos los años. Estas irregularidades administrativas han contribuido a complicar mis labores. No han querido entender las autoridades administrativas de la Cancillería, que mi cargo consiste en defender al Estado venezolano y funciona como un bufete de abogados, donde debemos dar respuestas en lapsos preestablecidos y perentorios", precisó el funcionario, quien ya en 2009 publicó un remitido similar en otro diario por las mismas circunstancias.
Saltrón calificó de "incomprensible" el que algunos dentro del despacho que dirige Nicolás Maduro pretendan "dejarlo sin personal idóneo", pese a que "Estados Unidos y la oposición venezolana insisten en la deslegitimación de nuestro Gobierno legítimo y tratan como en el año 2002, de aplicarnos la Carta Democrática Interamericana de la Organización de Estados Americanos".
En su remitido, el funcionario recordó que "este año 2011, además de responder centenas de denuncias infundadas en la Comisión y Corte Interamericana tenemos que presentar el Examen Periódico Universal ante las Naciones Unidas el 15 de julio y defenderlo en octubre de 2011".
El Examen Periódico Universal es una evaluación a la que deben ser sometidos todos los países miembros de la ONU cada cuatro años por el Consejo de Derechos Humanos de ese organismo, con sede en Ginebra (Suiza).
Las autoridades venezolanas deberán entregar en julio próximo un informe sobre el grado de cumplimiento de las garantías fundamentales como la vida, integridad personal, libertad de expresión, educación, salud, vivienda, entre otros y en octubre próximo deberán responder a las preguntas que le hagan los representantes de los distintos países.
Oportunidad para avanzar
El coordinador del Programa Venezolano de Educación-Acción en Derechos Humanos (Provea), Marino Alvarado, afirmó que esta evaluación "es una coyuntura muy importante para desarrollar un amplio debate que nos permita avanzar conjuntamente Gobierno y sociedad civil en materia de Derechos Humanos".
Tras informar que el próximo 21 de marzo las distintas organizaciones no gubernamentales entregarán sus observaciones sobre la situación de las garantías fundamentales en el país al Consejo, Alvarado dijo: "Esperamos que (de este proceso) salgan unas recomendaciones y que el Estado las asuma y sobre todo las implemente para que puedan haber mejoras".
Por último, el coordinador de Provea mostró sus esperanzas porque el Gobierno no tome este proceso como un ataque.
El Universal.
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