Grandes corporaciones como la petrolera estadounidense Exxon Mobil Corp. e incluso empresas pequeñas de otras partes del mundo están exigiendo el equivalente de por lo menos una tercera parte del presupuesto aprobado por la Asamblea Nacional, lo que limitaría la habilidad de Chávez de gastar dinero de cara a las elecciones presidenciales del año entrante.
El resultado podría tener repercusiones en toda Latinoamérica, donde gobiernos como los de Argentina y Bolivia han nacionalizado partes de su economía.
Chávez no puede ignorar las demandas si quiere atraer la inversión extranjera y lograr su meta de incrementar la producción petrolera a fin de financiar los múltiples programas sociales de la llamada “revolución bolivariana”. Sin embargo, pagar esas cuantiosas compensaciones le privaría a su gobierno de los fondos necesarios para financiar tales programas.
Chávez reconoció el mes pasado que las demandas son debatidas en su gobierno. “Es un tema de permanente debate entre nosotros, y discusión”, dijo Chávez a reporteros.
Alejandro Grisanti, economista con el banco de inversiones Barclays Capital, dijo que Venezuela definitivamente tendrá que pagar y que la única interrogante es cuánto. Muchos de los casos están siendo ventilados en el Centro Internacional de Resolución de Disputas por Inversiones (CIRDI), vinculado al Banco Mundial. “En todos los casos, el gobierno está esperando que va a tener que pagar algo”, expresó Grisanti.
El sitio del CIRDI muestra 18 disputas pendientes contra Venezuela. El procurador general venezolano, Carlos Escarrá, declaró recientemente que el país tiene en total 28 casos de arbitraje, muchos de ellos ante el CIRDI. El grupo empresarial venezolano Conindustria dice que el gobierno de Chávez ha efectuado 1.045 “intervenciones” contra compañías u otras propiedades privadas desde 2002 hasta septiembre de este año, y que 44% de esas intervenciones estaban vinculadas con el sector de la construcción.
El ritmo de las intervenciones aumentó en los primeros nueve meses de este año, según esos datos, a 459, muchas de ellas por tierras, construcciones y otras propiedades para hospedar a damnificados de las inundaciones recientes.
El mes pasado, el gobierno nacionalizó una empresa privada, la línea de transbordadores Consolidada de Ferrys (Conferry), que transporta pasajeros entre la ciudad oriental de Puerto La Cruz y la isla de Margarita.
Chávez mantiene que las empresas administradas por el Estado pueden suministrar servicios a menor costo y que son necesarias para el sistema socialista que anhela edificar. Ha estatizado sectores cruciales de la economía como empresas cementeras y agrícolas, así como plantas petroleras que generan miles de millones de dólares en ingresos. Para Chávez y sus seguidores, se tratan de medidas patrióticas destinadas a proteger la soberanía.
De cualquier manera, las estatizaciones han frenado la inversión foránea en Venezuela, excepto las compañías petroleras atraídas por los altos precios del crudo y las vastas reservas del país, dijo Chris Sabatini, director sénior de política del grupo empresarial Sociedad de las Américas-Consejo de las Américas. “Es el efecto intoxicante de los altos precios del petróleo”, opinó Sabatini. “Venezuela cree que ello la protege de las leyes normales de la economía y las inversiones”.
Las leyes en la mayoría de los países, inclusive Venezuela, permiten a los gobiernos tomar propiedades privadas siempre y cuando otorguen una compensación justa. Sin embargo, si no se llega a un acuerdo sobre la compensación, las disputas suelen llegar a los tribunales nacionales en caso de compañías nacionales, o en organismos de arbitraje internacionales cuando hay empresas internacionales involucradas.
Chávez ha declarado que su gobierno siempre ofrece una compensación justa, pero en realidad los pleitos se han demorado años. Escarrá insinuó que Venezuela podría retirarse de los organismos de arbitraje internacionales, como hicieron Ecuador y Bolivia en años recientes. Al ser preguntado sobre esa posibilidad, Chávez acusó al organismo de arbitraje de ser parte de un grupo de “organismos creados para asegurar el dominio del capitalismo mundial”. “Si llegáramos a la conclusión definitiva de que hay que salirse de eso, nos saldríamos”, dijo Chávez.
Sin embargo, al menos en el corto plazo, varios expertos opinan que ello es poco probable ya que afectaría el acceso del país a créditos internacionales y su capacidad de atraer inversiones foráneas. Las cláusulas de arbitraje son parte acostumbrada de todo contrato petrolero. “Tienen que jugar con las compañías transnacionales porque necesitan a esas compañías para poder invertir”, declaró Diego Moya-Ocampos, analista de la firma consultora IHS Global Insight en Londres.
Entre las demandas que se encuentran actualmente bajo arbitraje está una sobre instalaciones cafetaleras, presentada por Longreef Investments AVV, y una de Crystallex International Corp., por 3.800 millones de dólares, relacionada con la derogación de un contrato para desarrollar una mina de oro.
Algunas de las disputas más significativas estallaron en 2007, cuando Venezuela tomó la mayoría accionaria de uno de los últimos proyectos petroleros privados que quedaban en el país. Muchas empresas petroleras llegaron a acuerdos con el gobierno y decidieron quedarse como socios minoritarios de la empresa estatal Petróleos de Venezuela SA (PDVSA). Pero Exxon Mobil, de Irving, Texas y ConocoPhillips Co., con sede en Houston, exigieron compensación. Ambas empresas se negaron a dar declaraciones sobre los casos de arbitraje.
Ecoanalítica, una empresa consultora venezolana, estima que la mayoría de las nacionalizaciones abarcan más de 33.700 millones de dólares, incluyendo 23.000 millones de dólares en deudas. Tal cantidad, si se paga de una sola vez, sería un golpe duro para el presupuesto venezolano, que este año suma 47.500 millones de dólares. Cuando se le preguntó sobre el caso Exxon Mobil, el ministro de Energía venezolano Rafael Ramírez respondió: “Es una batalla difícil”. Pero Ramírez también ha declarado que Venezuela no está negociando con Exxon Mobil y agregó: “No estamos dispuestos a pagar ninguna penalización que nos quieran imponer”. “Lo que está en juego con el arbitraje es la soberanía del país”, dijo el ministro. Venezuela, añadió, pedirá cambios sustanciales en los nuevos acuerdos y “ningún nuevo contrato permite el arbitraje”.
La Patilla
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