Representantes de organizaciones no gubernamentales nacionales e internacionales coincidieron ayer en que la medida judicial que prohíbe la difusión de imágenes e informaciones de contenido violento en medios impresos significa una sola cosa: censura.El coordinador para América del Comité para la Protección de Periodistas (CPJ por sus siglas en inglés), Carlos Lauría, declaró vía telefónica que la medida "es un intento de censura de la cobertura informativa sobre la escalada del crimen en Venezuela, en el contexto preelectoral".
"Los periodistas tienen el derecho de informar exhaustivamente sobre hechos de interés público. El impacto que tienen el crimen y la violencia en miles de venezolanos es un tema claramente de interés público. Es casi crucial en estos momentos que los venezolanos puedan estar informados sobre estos temas", añadió Lauría.
Ewald Scharfenberg, del Instituto Prensa y Sociedad de Venezuela, encuentra en el impacto que tiene el tema de la inseguridad en el venezolano la razón de la medida judicial.
"Es el más claro caso de censura previa que ha establecido el Poder Judicial en los últimos años, lo cual está prohibido por la Constitución venezolana y por convenios institucionales, como la Convención Interamericana de los Derechos Humanos y la Declaración Universal de los Derechos del Hombre", señaló.
Por su parte, Carlos Correa, de la ONG Espacio Público, destacó que la medida no solo implica la prohibición de imágenes sino de informaciones relacionadas a violencia o sangre.
Explica que la aplicación de la orden judicial de forma estricta significaría la eliminación de la fuente de sucesos en los diarios. "La medida es inaplicable, en cuanto queda en manos del funcionario (juez) determinar qué cosa es la que aterra a los jóvenes", indicó.
La excusa de los niños
Cuando en 2004 la Asamblea Nacional aprobó la Ley de Responsabilidad Social en Radio y Televisión, una de las supuestas intenciones para su promulgación era la protección a los niños y adolescentes. En 2007, por "atentar contra el honor" de una hija del presidente de la República, Hugo Chávez -en un artículo del humorista Laureano Márquez-, un tribunal de menores de Lara aplicó una multa al diario Tal Cual.
Según los voceros de las ONG consultadas, hoy los más jóvenes se convierten de nuevo en la excusa para la censura.
"Siempre se buscan coartadas para legitimar un atropello", asegura Carlos Correa y recuerda que también se empleó la supuesta "protección a la mujer" para sacar del aire unas propagandas de Cedice sobre el derecho de propiedad.
Lauría dice al respecto que "no se trata de pornografía, sino de un tema que es de preocupación de los venezolanos".
También Reporteros sin Fronteras se pronunció y calificó de "imprecisa" y demasiado amplia la decisión del Tribunal 12 de Caracas.
La instancia prohibió el martes a los medios impresos publicar por un mes imágenes sobre violencia, días después de que el diario El Nacional publicara en su portada una foto de cadáveres en la morgue de Caracas. El Nacional, adicionalmente, tiene prohibido la publicación de informaciones y publicidad del mismo tipo.
SIP califica el fallo de "torpe política de Estado"
La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) condenó la censura judicial impuesta al diario El Nacional y al resto de los periódicos venezolanos, que no podrán publicar fotografías ni informaciones sobre violencia los próximos treinta días.
La entidad periodística continental, con sede en Miami, calificó la medida del Gobierno venezolano como una "torpe política de Estado a favor de la censura previa".
El presidente de la SIP, Alejandro Aguirre, dijo que se trata de "un elemento más de censura dentro de un esquema gubernamental para silenciar a los medios, especialmente en épocas en que se quieren evadir las imágenes de la realidad dentro de estrategias electorales".
El fallo del Tribunal 12 de Caracas de Defensa de Menores, emitido el martes, prohíbe a El Nacional y otros medios "la publicación de imágenes, informaciones y publicidad de cualquier tipo con contenido de sangre, armas, mensajes de terror, agresiones físicas que aticen contenidos de guerra y mensajes sobre muertes y decesos", reseñó AFP.
La decisión se produjo pocos días después que ese periódico, duro crítico del Gobierno, pusiera en su portada una polémica foto en la que se muestra una decena de cadáveres acumulados en la morgue de Caracas.
El Universal
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