martes, 18 de enero de 2011

Las viviendas imposibles

La Cámara Inmobiliaria de Venezuela considera inviable construir 350 mil casas en 2 años, como lo prometió el presidente Chávez y recuerda que urbanizar un terreno tarda 24 meses


Diversos expertos consideran que el anuncio del presidente Hugo Chávez de construir 150.000 viviendas este año y otras 200.000 para 2012, es imposible.

Es necesario recordar que durante la presentación de la memoria y cuenta efectuada ese sábado en la Asamblea Nacional, el jefe de Estado aseguró que logrará la meta.

El presidente de la Cámara Inmobiliaria de Venezuela, Aquiles Martini Pietri, comentó telefónicamente que debido al pésimo panorama en materia de construcciones que reina actualmente en Venezuela, no se pueden llevar a cabo los proyectos ambiciosos del Ejecutivo.

Por esta razón, Martini Pietri consideró que si el Estado se propone crear los 350.000 inmuebles en un lapso de dos años, debe existir un plan consensual entre todas las partes (empresa privada y el sector privado). "Hasta los momentos el Gobierno no nos ha llamado. Nos hemos puesto a la orden del Ejecutivo pero no hay acercamiento".

Expresó que el territorio nacional debe contar con recursos y materias primas indispensables con el propósito de cumplir con los proyectos urbanísticos.

A juicio del titular del gremio inmobiliario, el Gobierno no ha cumplido con la construcción de las casas que se propuso llevar adelante en años anteriores y recordó que los entes privados han tenido más participación en la creación de estructuras que los públicos.

Recordó que no se puede levantar una vivienda de un día para otro. Dijo que para construir cualquier espacio habitacional primero se tiene que urbanizar para después construir en una determinada área, lo cual puede tardar de 24 a 33 meses.

POCA OPORTUNIDAD
Raimundo Orta, integrante de la Asociación de Propietarios de Inmuebles Urbanos (Apiur), explicó que levantar un conjunto habitacional puede tardar hasta tres años porque se tienen que cumplir ciertos requisitos como es el caso de los estudios de suelo, la desocupación, la permisología y la construcción.

Destacó que se podrían hacer más viviendas en el país mediante ciudades populares que cuenten con todos los servicios básicos (luz, agua, teléfono, aseo, educación, salud y transporte). Orta recomendó al Gobierno no construir viviendas de manera "desordenada".

URBANIZACIONES MODELO
Raimundo Orta aseguró que el concepto de urbanizaciones que se desarrolló en Caricuao y Simón Rodríguez en su tiempo fue muy bien concebido porque se derribaron barrios humildes para ser cambiados por viviendas dignas.

En el caso de Caricuao y las UD (Unidades de Desarrollo), recordó que cuando se levantaron todos los servicios básicos que había para la época, se respetaron las áreas verdes y ello contribuyó a la construcción del Zoológico de Caricuao.

Tal Cual Digital

lunes, 17 de enero de 2011

Una ley que mete miedo

La aplicación de la Ley de Emolumentos afectaría inicialmente sólo a los funcionarios de alto nivel. De aplicarse a todos los empleados del Estado, significaría una reducción del 50% en la nómina. Instituciones públicas a la espera de que la normacomience a surtir efecto

La entrada en vigencia de la Ley de Emolumentos que regulará los sueldos de los funcionarios públicos de alto nivel e incluso hasta el del Presidente de la República ha generado una polémica por su aplicación y la forma en que se verían afectados los empleados del Estado.

El artículo 3 de la norma reza que son ámbito de su aplicación las universidades públicas, los órganos y servicios desconcentrados, los servicios e institutos autónomos y las empresas del Estado.

Es por ello que instituciones como el Consejo Nacional Electoral, el Tribunal Supremo de Justicia y el Banco Central de Venezuela, tendrían la necesidad de modificar sus nóminas, al menos la de los altos funcionarios.

Un empleado del Consejo Nacional Electoral que prefirió mantener su nombre en resguardo, aseguró que en el caso específico del ente electoral solo afectaría a los rectores, que son los que tienen, entre sueldo, primas y bonos, un ingreso superior a los 12 salarios mínimos que establece la nueva ley.

Estudios preliminares realizados por técnicos del BCV determinaron que, de aplicarse la norma a los empleados públicos en todos los niveles, representaría una reducción del 50% en la nómina del Estado, caída de 6 puntos en el PIB y de 8% en el consumo.

Uno de los objetos de la ley es el respeto a las contrataciones colectivas, que en el caso del CNE los empleados y obreros están blindados por varias razones, la principal es que en ningún caso un funcionario se iguala al sueldo de los rectores, que extraoficialmente se conoció puede llegar a los 40 mil bolívares, aunque sí superan el máximo establecido de 12 salarios mínimos, que es el tope para el Presidente de la República y los rectores del ente electoral.

En el caso de la Asamblea Nacional, la nueva junta directiva y los diputados electos deberán esperar la quincena siguiente para ver reflejados los cambios.

El monto del ingreso a los parlamentarios es similar al del jefe del Estado. Trascendió que en el Palacio Legislativo la aplicación del instrumento jurídico no es tema de discusión por ahora, pero los funcionarios "rasos" esperan no ver su bolsillo afectado.

PASILLANEANDO


En lo interno del Banco Central de Venezuela se conoció que la consultoría jurídica está haciendo una profunda revisión de la norma jurídica, especialmente del artículo 6 que habla de la proporcionalidad y el respeto de las responsabilidades, jornada laboral y reconocimiento.

El pasado jueves, algunos trabajadores del ente emisor se plantearon la posibilidad de jubilarse e, incluso, renunciar con los sueldos que ostentan actualmente, antes de ver minimizados sus ingresos, según destacó un funcionario del BCV.

"Hasta personas llorando hubo ese día", agregó. Asimismo, el aumento que les prometieron el año pasado no lo han ejecutado a la espera de una posible reunión, solicitada por el presidente del banco, Nelson Merentes con el jefe de Estado Hugo Chávez.

Aunque la sanción de la Ley de Emolumentos ya había sido postergada en varias oportunidades, tomó por sorpresa a los empleados del sector oficial el pasado mes de diciembre como parte del paquetazo de "leyes express" que dejó la gestión de Cilia Flores.


Tal Cual Digital

miércoles, 12 de enero de 2011

Rechazan intento oficial para eternizarse en el poder

Obispos exhortan al presidente Chávez a devolver la Ley Habilitante. La Conferencia Episcopal fustigó la aprobación de 25 leyes en 30 días por parte de los anteriores diputados del PSUV"

Las acciones de las autoridades del Estado para asumir el control total de la vida de las personas y el intento de establecer condiciones para eternizarse en el poder", así como la aprobación de la Ley Habilitante para el presidente Hugo Chávez, fueron fueron rechazados por la Conferencia Episcopal Venezolana (CEV) en las conclusiones de su Asamblea Anual Ordinaria.

En la exhortación pastoral "Anhelos de Unión, Justicia, Libertad y Paz para Venezuela" los obispos y arzobispos resaltaron que la aprobación de la Ley Habilitante otorgada al presidente Chávez "desconoce la voluntad popular expresada el 26 de septiembre de 2010.

Diego Padrón, Obispo de la ciudad de Cumaná, quien fungió como vocero de la CEV aseguró que es vital para el sistema democrático "un gesto de buena voluntad del presidente Chàvez, y devuelva la Ley Habilitante al Parlamento. Si realmente es un demócrata debería retornar ese beneficio legal que suprime las libertades colectivas ".

Padrón fustigó la aprobación de 25 leyes en 30 días, por parte de los diputados salientes.

"Los parlamentarios del partido de gobierno antes de irse aprobaron arbitrariamente 25 leyes en cuatro semanas, desconociendo el voto popular y otorgando una ley Habilitante para concentrar más poder en la figura presidencial. Esta acción inconstitucional impide que los diputados ejerzan cabalmente sus cargos, minimizando su rol de legisladores".

Ante esta realidad, Padrón desestimo la urgencia parlamentaria ejecutada durante los últimos días del periodo anterior en la Asamblea Nacional.

"Las nuevas leyes poco tienen que ver con los problemas de la gente. Allí no se habló de la inseguridad desbordada, de la generación de empleo, de las cárceles, del presupuesto universitario, entre otros. Sólo se estructuró un paquete legal para encaminar el país hacia el comunismo y concentrar aún más el poder en una sola persona", dijo.

Por su parte, Luis Tineo, Obispo auxiliar de Caracas, afirmó que las autoridades gubernamentales aprovecharon la emergencia de las lluvias, para violar la Constitución y fulminar la propiedad privada.

"Para nadie es un secreto lo que han dejado los desastres naturales a lo largo y ancho de la geografía nacional. Esta situación de calamidad fue aprovechada para despojar de competencias a las gobernaciones alcaldías, y profundizar la larga lista de las expropiaciones contra la propiedad privada".

Limitan más derechos

Monseñor Freddy Fuenmayor, Obispo de Los Teques, enumeró lo que considera el plan de "limitaciones de los derechos fundamentales civiles".

Fuenmayor, criticó las modificaciones inconsultas de las leyes de Educación Universitaria (vetada por el propio presidente Chàvez), de los Partidos Políticos, la Ley de Responsabilidad Social en Radio y Televisión, entre otras. "No se puede obviar que la radicalización del proyecto presidencial conlleva a condicionar la libertad de conciencia y afianzar el pensamiento único. Allí, establecimos nuestras criticas y mostrar la avanzada restricción de la libertad de la familia", dijo.

El Universal

martes, 11 de enero de 2011

Realizan traslado de jueza Afiuni al Oncológico Padre Machado

En horas de la mañana de este martes se realizó el traslado de la jueza María Lourdes Afiuni al Oncológico Padre Machado, lugar en el que le realizarán una biopsia.

En horas de la mañana de este martes se realizó el traslado de la jueza María Lourdes Afiuni desde la sede del Inof al Oncológico Padre Machado, lugar en el que le realizarán una biopsia.

La defensa temía que el traslado no fuese realizado ya que desde diciembre se le había negado a la jueza el chequeo médico por un galeno de su confianza.

La jueza ha presentado desde el mes de diciembre un cuadro febril, sangramiento, aceleración del ritmo cardiáco, entre otros síntomas. Fue chequeada por un médico forense y se le practicaron exámenes de sangre pero los resultados no se correspondían con las condiciones físicas de la jueza, según manifestó la defensa en su momento.

Todo traslado de la jueza se realiza bajo fuertes medidas de seguridad.

El Universal

lunes, 10 de enero de 2011

Los tontos negocios de Pdvsa

Petróleos de Venezuela compra crudo al "imperio" para Belarús. Las ventas del crudo a ese país serán facturadas por grandes transnacionales vinculadas a EEUU. A Bolivia la abastecieron con el diesel más caro del mundo, con grandes pérdidas para Venezuela

Venezuela comprará a Azerbaiján 80.000 barriles diarios de crudos liviano Azeri light, para un suministro de 3 años y poder cumplir con los contratos suscritos con la República de Belarús, ya que Pdvsa, según la declaración de Américo Díaz Navarro, embajador venezolano en Minsk, capital de Belarús, no es capaz de producir 10 millones de toneladas anuales de crudo liviano.

Al decidir el Gobierno venezolano una compra directa de crudos a Azerbaiján, supone la anulación del acuerdo anunciado por los medios gubernamentales de Lukachenko, de una triangulación a través de Glencore, en la cual esta firma de traders recibiría los 80.000 barriles diarios de crudos livianos Santa Bárbara para comercializarlos en Estados Unidos. Con esos recursos el gobierno de Belarús compraría crudos de su región.

El primer paso del gobierno es correcto, porque la reventa del crudo liviano Santa Bárbara, de 39 Api, bandera de Venezuela, del cual sólo puede disponer de unos 200.000 barriles diarios, iba a ponerlo en manos de los traders y perdía el liderazgo de la transacción, y además pudo bajar los costos del flete, que siempre paga el vendedor.

No es correcta la apreciación del embajador Díaz Navarro, de que Venezuela ingresa en nuevos mercados, porque son crudos azerbaijanos los que van a su mercado natural.

Lo que tardíamente entiende el Gobierno venezolano, es que el petróleo no tiene nacionalidad ni color político. Para cumplir ese mal negocio con Belarús, hay que decir que las ventas de ese crudo serán facturados por Azerbaijan International Operating Company (AIOC) un consorcio de British Petroleum, Chevron, Statoil, ExxonMobil, Turkiye Petrolleri y Socar, que manejan las operaciones de ultramar.

ERRORES GERENCIALES
Azerbayán, con reservas petroleras probadas de 9.000 millones de barriles de crudo liviano, que producían en 1999 un monto 283.000 barriles diarios, para el año 2009 bombeaba 1 millón de barriles diarios.

En diez años la producción se ha multiplicado 5 veces, después que en 1992 comenzaron a perforar los británicos de BP.

Posteriormente las grandes corporaciones, con su músculo financiero y tecnología de primera línea, se incorporaron y desplazaron a las empresas estatales rusas, después que Azerbaijan se convirtió en República.

Socar, la empresa estatal petrolera de Azerbayán, maneja 20% de la producción del país y el 80 por ciento restantes las "mayors", en una relación armoniosa y comercial con las firmas internacionales, y que han hecho inversiones colosales en terminales, oleoductos y las más sofisticadas tecnologías, para elevar la producción a los actuales niveles con beneficios trascendentales al fisco de esa nación, desarrollando los campos offshore del mar Caspio.

Hace muchos años se tenían noticias de que los países ribereños del mar Caspio estaban nadando en crudos, pero no lo podían sacar y su única utilidad era para los libros de estadísticas.

Este no es el único descabellado error gerencial. La luz verde para ofrecer petróleo a quien lo necesita tiene ejemplos desastrosos. A Bolivia la abastecieron con el diesel más caro del mundo, que salía de Venezuela, tenía que pasar por el canal de Panamá y después subir a los Andes en gandolas hasta llegar a La Paz con grandes pérdidas.

El festín de ofrecer lo que no tenían fue el proyecto del gran gasoducto del Sur, cuando Venezuela, con un déficit de 1.500 millones de pies cúbicos diarios, estaba sin gas para las plantas eléctricas nacionales, aunque hay cuantiosas reservas, pero hay que extraerlo y en diez años el actual gobierno no ha podido sacar una sólo molécula del nuevo gas. El proyecto se cayó por su propio peso.

MALOS NEGOCIOS
Al gobierno de Kirchner le ofrecieron todo el fuel oil que necesitara, pero cuando llegaron a ese país los primeros cargamentos fueron rechazados, porque tenía niveles de azufre muy altos.

La solución fue comprarlo a Brasil y Rusia, incurriendo en mayores gastos hasta que decidieron llamar a los traders. Los negocios controversiales en Uruguay y Paraguay, ampliamente divulgados por los medios de comunicación, son suficientemente conocidos.

Grandes pérdidas se han registrado con el suministro de gasolina a Cuba, República Dominicana y otros países del Caribe que había que importar, al registrarse dos docenas de accidentes en las refinerías nacionales, por falta de mantenimiento y de coordinación general.

Tal Cual Digital

viernes, 7 de enero de 2011

AN analizará sentencias contra Sánchez, Pilieri y Alemán

Comisión especial que investigará a los diputados se activa la semana próxima

La comisión especial designada el miércoles por la Asamblea Nacional para investigar a los tres diputados de la oposición procesados por la justicia, José Sánchez (UNT-Zulia), Hernán Alemán (UNT-Zulia) y Biagio Pilieri (Convergencia-Yaracuy), entrará en funciones la semana próxima.

"El acta de la sesión de instalación debe ser aprobada en la primera sesión ordinaria del año, que se realizará el martes 11 de enero. Una vez se cumpla este procedimiento, comenzaremos a trabajar", precisó ayer el legislador Carlos Escarrá (PSUV-Aragua), quien coordinará esta instancia.

Al término de la sesión de instalación de la AN, el secretario de la Cámara, Iván Zerpa, leyó un comunicado enviado por la presidenta del Tribunal Supremo de Justicia, Luisa Estella Morales. A través de esa misiva, Morales solicitaba al Parlamento que determinara si Sánchez, Pilieri y Alemán gozan de inmunidad parlamentaria con el fin de poder continuar su enjuiciamiento.

Alemán -procesado por corrupción- asumió como diputado el miércoles; sin embargo, ni Sánchez -condenado a 19 años de prisión por homicidio- ni Pilieri -encausado por corrupción- pudieron tomar juramento por encontrarse detenidos en estos momentos.

Distintos procedimientos

La comisión especial que dirigirá Escarrá también está conformada por sus colegas Iris Varela (PSUV-Táchira) y Edgar Zambrano (AD-Lara). "La composición es justa porque respeta la proporción de la Cámara", integrada por 98 chavistas y 67 opositores, recalcó.

Con respecto a la pesquisa que desarrollarán, Escarrá señaló que recabarán todas las sentencias que se han producido en estos casos.

El parlamentario del PSUV marcó las particularidades de cada expediente. "Alemán se juramentó y tenemos previsto llamar a quien denunció sus irregularidades y también al propio Alemán. Los casos de Pilieri y Sánchez son distintos porque ellos no se juramentaron".

Escarrá recordó que, según el artículo 25 del Reglamento Interior y de Debates de la AN, tienen 30 días -tras la constitución de la comisión especial- para presentar el informe final de su averiguación.

Base legal
La petición del TSJ se basa en el artículo 200 de la Carta Magna, que reza: "De los presuntos delitos que cometan los o las integrantes de la Asamblea Nacional conocerá en forma privativa el Tribunal Supremo de Justicia, única autoridad que podrá ordenar, previa autorización de la Asamblea Nacional, su detención y continuar su enjuiciamiento". Esa disposición establece que los diputados tienen inmunidad "en el ejercicio de sus funciones desde su proclamación".

Anoche Norma Delgado, abodada de Pilieri, informó a Globovisión, que hoy se espera la conclusión del juicio que se sigue al diputado en el Tribubal Tercero de Juicio del Estado Yaracuy, a cargo de la jueza Eglée Matute. Quedan pendientes la réplica y contrarréplica de las partes, la declaración de los acusados y luego la jueza pasará a deliberar la sentencia.

El Universal

jueves, 6 de enero de 2011

“Los gobiernos débiles temen a las ONG”

Rosa Inés Ospina habla de la realidad de América Latina y de Nicaragua, de las tendencias de diversas democracias, en donde los ONG son vistos "equivocadamente" como aspirantes a derrocar gobiernos

Rosa Inés Ospina es una colombiana que fue vicepresidenta del organismo Transparencia Internacional. Hoy coordina la Iniciativa Regional por la Transparencia y la Rendición de Cuentas de las Organizaciones de la Sociedad Civil de América Latina.

Afirma que las ONG quieren ampliar, hacer más transparencia ante sus cooperantes, gobiernos y ciudadanos, pero que hay temor de que Estados autoritarios utilicen esos datos como herramientas para atacarles y proscribirles.

“Hay gobiernos que ven a los ONG como sus enemigos, solo porque no los alaban o los exaltan, los ven como los que quieren quitarles el poder, cuando en realidad no son opciones de poder, frente a esa realidad hay miedo a ampliar la rendición de cuentas”, afirma.

Ospina brindó una entrevista con END luego de su “Conferencia Magistral sobre Transparencia de la Sociedad Civil en Latinoamérica y Nicaragua”, ofrecida por el Grupo Cívico Ética y Transparencia, EyT, y éste es su diagnóstico del tema a nivel regional.

—¿Por qué es importante la rendición de cuentas por parte de los organismos de la sociedad civil?
—En primer lugar, por principio ético, porque en realidad una organización que tiene tanta responsabilidad como la tienen hoy las organizaciones de la sociedad civil, es fundamental que rinda cuentas, que sea abierta y asuma la responsabilidad por lo que hace; segundo, porque es un compromiso con todos aquellos con los que trabajamos, porque nosotros movilizamos energía, recursos, propuestas en nombre de una serie de personas, que esperan que les expliquemos lo que estamos haciendo.

Otro elemento, es que las organizaciones derivamos nuestra legitimidad de lo que los demás opinan de nosotros, porque no está de más recordar que un gobierno, por ejemplo, es legítimo por los votos y la calidad de las elecciones, una ONG es legítima por la calidad del trabajo que hace y el respaldo y la confianza que los demás tienen en ese trabajo, por eso es importante que para fortalecer esa legitimidad haya rendición de cuentas, porque quienes nos entregan recursos tienen derecho de saber qué fin tuvo el dinero que se nos entregó, el cual, obviamente, es para fines de desarrollo de los pueblos, y, por último, el quinto de los ocho principios que rigen a las organizaciones de la sociedad civil comprometidas con el desarrollo, es mayor transparencia y rendición de cuentas.

—¿Hay cultura de rendición de cuentas en las ONG a nivel de Latinoamérica o hay resistencia a ello?
—La mayoría, por no decir todas las ONG, dan cuenta inicial de su dinero y de lo que les exige la ley. En cada país se rinde un informe a Hacienda o al Ministerio de Gobernación, tener personalidad jurídica, todo eso se cumple. Ese nivel inicial está cumpliéndose a cabalidad, además, se está rindiendo cuentas a los donantes y a los gobiernos, sin embargo, queremos ir mucho más allá, y por eso estamos hablando de autorregulación, por eso es que estamos en un momento interesante, porque hemos puesto el tema en la agenda, y es que además de la rendición de cuentas con los donantes y gobierno, estamos abriéndonos a los interesados, a los miembros de las organizaciones, al público, a los medios de comunicación, a los trabajadores de las organizaciones, sobre todo, porque nosotros siempre estamos exigiendo rendición de cuentas a los demás, y tenemos que empezar por nosotros mismos dando el ejemplo.

—¿Qué países están más avanzados, cuales están en un intermedio y los que están en dificultades?
—En realidad, a nivel individual hay muchos países que rinden cuentas no solo al gobierno y a los donantes, sino incluso al público, pero nosotros estamos trabajando en una iniciativa para hacerlo de manera colectiva, como una rendición social y colectiva de cuentas, y Colombia es el primer país que empezó hace cinco años, y hemos seguido en una avanzada con Uruguay, Argentina y Ecuador, y estamos empezando con Perú y República Dominicana. Hay que reconocer que existen muchas dificultades para muchas organizaciones de poder participar, porque no tienen la capacidad, no tienen toda la información, porque les da miedo que los gobiernos los utilicen en contra de ellos y eso hace limitantes.

—¿Cómo encontró la situación en Nicaragua?
—Yo veo que hay una cosa interesante, y es que ha habido reunión de distintos sectores, hay redes de ONG, colectivos, grupos plurales, organizaciones importantes que se están planteando el tema, y, por tanto, veo en Nicaragua que hay interés, preocupación, han avanzado mucho, han hecho estudios recientes en 2006, 2007 y 2008, que les dan la información específica sobre las ONG, y en ese sentido está todo el terreno abonado para dar el siguiente paso, aunque se debe buscar los suficientes aliados antes de empezar realmente.

—¿Qué dificultades son las que más le manifestaron los ONG de Nicaragua?
—La preocupación más grande que tienen las organizaciones de Nicaragua es qué va a hacer el gobierno que en muchas ocasiones es hostil en relación con las (ONG) que considera opositoras o que lo critican, porque hay muchas organizaciones en el mundo que están dedicadas a ejercer control ciudadano sobre distintos temas, y cuando se hace ese trabajo en muchas oportunidades, se señalan errores, dificultades, limitaciones, malos manejos de los gobiernos, eso lo toman como si se es opositor y en el caso de Nicaragua ha habido en muchas oportunidades —por parte del gobierno—una posición opuesta a ciertas organizaciones, y por eso discuten qué efecto va a tener que se entregue tanta información, porque cabe preguntarse si se va a usar de manera adecuada o en nuestra contra, pero esto es algo que siempre pasa, porque cuando uno le exige al gobierno que sea transparente, muchas veces la respuesta es que las organizaciones no entienden o que se va a usar la información para atacarlo, pero ese es un temor normal del que se abre, del que deja que entren a su casa y miren cómo vive… eso pasa.

—Hay quienes los tildan de hacer trabajo de actores o de partidos políticos, y a veces hasta de manejar cantidades de recursos que ni los partidos tienen y que les dan un poder ilimitado. ¿Qué piensa de ello?
—Me permito no estar de acuerdo con ese análisis, porque son cosas distintas, una cosa es el político que hace trabajo partidista con opción de poder, y otra cosa es hacer trabajo político, porque cuando uno defiende la democracia, los derechos humanos, la lucha contra la pobreza y por el desarrollo, ese es un trabajo político en el sentido amplio de la palabra; cuando se trata de una lucha por ganar unas elecciones y ser opción de poder, eso es un trabajo partidista, y en ese sentido, las organizaciones de la sociedad civil pueden hacer mucho trabajo político, sin plantearse como opción de poder.

Es importante decir que la crítica no es un punto de partida de oposición, porque las ONG pueden coincidir con el gobierno y con la oposición en otra, pero sin declararse opción de poder, es decir, no se debe confundir las cosas, porque hay gobiernos de América Latina que dicen que al señalarles se trata de un asunto político, creen que se les quiere botar del gobierno, cuando lo que en realidad se busca es que, por ejemplo, la plata se gaste bien.

—En Nicaragua, hace dos años, se acusó al organismo Cinco, del periodista crítico Carlos Fernando Chamorro, de lavado de dinero. Se hizo una investigación y no se pudo probar el delito. Aunque fue un momento de mucha tensión para el ONG y para el mismo gobierno, ¿a este tipo de cosas se refiere?
—Ese tipo de debate se ha dado en Nicaragua y otros países del mundo, (y pasa porque) los gobiernos que no son suficientemente fuertes desde el punto de su legitimidad, que no está claro cómo ganan las elecciones y cuánto respaldo tienen, toman decisiones de cambiar las reglas del juego cuando están para favorecerles, como fue el caso de Uribe, que cambió la Constitución para reelegirse, y es eso, que los gobiernos que no se sienten verdaderamente fuertes le temen a la crítica, le temen al control ciudadano, a que la gente los vigile, y por eso persiguen a los que los vigilan, a los que consideran que se les oponen, a los medios de comunicación, y es porque éstos pueden mostrar los errores que están cometiendo, las acciones inadecuadas que están haciendo, pero todo ello muestra más que fortaleza, debilidad de un gobierno.

—Cuando habla de otros países, ¿es porque hay una tendencia regional?
—Efectivamente. Se cree en algunos países que los ONG legítimos son los que están a favor del gobierno y los otros no, lo cual no tiene sentido, porque la riqueza de las organizaciones está en la diversidad, porque tenemos la capacidad de poner temas en agenda que otros no pueden, independien-temente de quien esté en el gobierno.

Lo que pasa es que en todas las democracias hay resistencia a la crítica, y por eso es tan importante que la sociedad civil exista, para que haya quién critique los actos que no son compatibles con los intereses de las poblaciones, y si no, miremos cómo Uribe atacó a las ONG, aunque hay un perfil muy claro en los llamados países del ALBA, entre los cuales Venezuela ha sido un país donde las acciones en contra de la sociedad civil han ido en pro de desactivarlas, criminalizándolas, proscribiéndolas; en Nicaragua se ha dado —entiendo— casos como el que usted mencionaba (Cinco), y esa es una tendencia.

—Es decir, que… ¿los gobiernos creen que las ONG son de amigos y enemigos?
—Así es, y pasa desde Europa del Este, en donde muchos gobiernos ganaron con el apoyo de la sociedad general y la sociedad civil, sin que esta última fuera partido, y pasa que quienes fueron convocados al gobierno no sabían qué hacer con sus amistades de las ONG y viceversa, sobre todo cuando aparecieron las críticas, en América Latina, sobre todo en Bolivia, donde la sociedad civil luchó para que se respetara la lucha de los indígenas, y ganó el gobierno con ese apoyo, y se nombró como funcionarios a gente de la sociedad civil, y ahora no saben qué hacer y se reclaman con “si vos sos mi amigo”, encontrándose la respuesta de que el que está en el gobierno es opción de poder, y la sociedad civil sigue en su trabajo, de hacer ver las cosas en las que se están fallando.

—¿Paraguay es un ejemplo de la sociedad civil gobernando con el presidente (Fernando) Lugo a la cabeza?
—Sí, y ahí hubo una experiencia de la que ellos aprendieron, porque una cosa es que haya amistad entre una ONG y un partido, y otra cosa es una amistad entre una ONG y alguien que está en el gobierno, porque uno puede llevar al gobierno a empresarios, a miembros de ONG, a gente de la Iglesia, pero ellos al momento de asumir su cargo, deben olvidarse de los intereses de sus sectores y velar por los del país entero.

Tal Cual Digital

miércoles, 5 de enero de 2011

Inicia concentración opositora para apoyar a diputados electos

Los diputados electos de la MUD se encuentran reunidos en la esquina de Coliseo en La Hoyada, donde está el punto de concentración de la marcha. Julio Montoya, diputado electo por el estado Zulia, formará parte de esta comisión. Indicó que se estaría impidiendo que los diputados suplentes de José Sánchez "Mazuco" y Biagio Pilieri se presenten a la juramentación

Durante la mañana de este miércoles inició la concentración convocada por la Mesa de la Unidad Democrática para apoyar a los diputados electos que serán juramentados en la Asamblea Nacional.

Eduardo Gómez Sigala, diputado electo por el estado Lara, aseguró que tienen la misión del "rescate de nuestra democracia", y prometió trabajar "para que todos los venezolanos se sientan representados" en el parlamento.

Los diputados electos de la MUD se encuentran reunidos en la esquina de Coliseo en La Hoyada, donde está el punto de concentración de la marcha.

Gómez Sigala indicó que a partir de las 9 de la mañana se realizará la verificación de acreditaciones. Cinco diputados de la Mesa de la Unidad conformarán una comisión de avanzada que será la que realice las verificaciones antes de que salga la marcha.

Julio Montoya, diputado electo por el estado Zulia, formará parte de esta comisión. Indicó que se estaría impidiendo que los diputados suplentes de José Sánchez "Mazuco" y Biagio Pilieri se presenten a la juramentación.

El diputado electo Miguel Ángel Rodríguez, afirmó que "más nunca la verdad será pisoteada".

María Corina Machado dijo que "los venezolanos queremos vivir en libertad, en un país donde exista paz, pluralismo", y que se busca "evitar la instalación del comunismo" en la AN.

Hiram Gaviria resaltó que se encuentran en la nueva Asamblea Nacional "con el respaldo del pueblo", y prometió trabajar "para todos los venezolanos, sin distingos religiosos, políticos" o de otro tipo".

"Hoy deberían estar acá diputados como Mazuco, Biagio Pilieri", resaltó. Pidió el fin de las confrontaciones en el país.

El Nacional

martes, 4 de enero de 2011

No hay plata para las cárceles

Este año se nos avecina una de las etapas más graves en materia penitenciaria en nuestro país, en vista del incremento de la población reclusa, con un hacinamiento del 244%

Este año se nos avecina una de las etapas más graves en materia penitenciaria en nuestro país, en vista del incremento de la población reclusa, con un hacinamiento del 244%.

Si en el 2010 el presupuesto para construcción y reparaciones de cárceles, era de Bs. 46,4 millones, para 2011 es de Bs. 35 millones.

Si tenemos 33 centros penitenciarios para albergar a 12.500 internos y el presupuesto del 2010 lo elaboraron en base a 27.700 internos, terminando el año en 43.00 reclusos y ahora lo calcularon en 47.000 internos para este año, se requerirán 22 centros penitenciarios con capacidad para 860 internos.

Si calculamos que el Centro Penitenciario de Coro, construido para 860 internos, costó 62 millones de dólares, se necesitarán 1.364 millones de dólares; es decir, Bs. 5.865 millones versus los Bs. 35 millones que se aprobaron para el 2011.

Desde hace años el Observatorio Venezolano de Prisiones ha llamado la atención sobre la situación de los derechos de los presos.

Mediante estudios especializados, o bien como parte de los informes anuales sobre derechos humanos que publicamos, el OVP ha querido llamar la atención sobre algunos de los problemas más serios, que suponen violaciones graves a los derechos humanos y por ello llamamos la atención de la nueva Asamblea Nacional, para reconsiderar este presupuesto.

Denuncio los tratos crueles, inhumanos, degradantes y la tortura que se practica en las cárceles y que, en general, como sociedad, muchos no quieren ver.

Hemos sacado a la luz los problemas de hacinamiento y sobrepoblación, que ponen en riesgo la posibilidad de rehabilitación para luego reinsertarse a la sociedad.

En el articulo 236 de la Constitución, se establecen las atribuciones y obligaciones del Presidente y en su numeral 19 dice "Conceder indultos", eso significa que el jefe del Estado, en cualquier etapa del procesado o cuando una persona tiene sentencia firme, puede otorgar un indulto.

Y pudimos ver que el presidente Chávez otorgo esta gracia a 25 ciudadanos. Pero el Presidente indulta cuando quiere y el numero que quiere, y pudimos ver que Chávez no lee antes de poner en función estos show mediático.

Y lo digo de esta manera, porque en plena lectura de los nombres, le preguntó al ministro Tareck, "Porque una mujer nada mas", y el otro que no hallaba como responder, solamente le dijo que fue por la proporcionalidad de la población.

Imagínense, esa fue la excusa, pero como esta columna la lee hasta el Presidente, eso es lo que me dicen, debo decirle que en Venezuela hay más de 2.500 mujeres presas, de ellas 1.500 procesadas y más de 750 penadas.

Presidente y señor ministro: ustedes saben cuántas de estas damas tienen hijos en las prisiones y de paso trabajan y estudian. Seguramente no lo saben, pero, valga la oportunidad de esta primera columna del año para llamar la atención decirles que se busquen otra excusa.

Anteriormente era una costumbre que los presidentes concedieran estas medidas el Día de la Madre, el Día de las Mercedes, en Navidad y Año nuevo, y podemos decir con conocimiento de causa que esta administración ha desaparecido esta costumbre.

No se puede justificar que otorguen tan pocos y principalmente cuando se trata de un Presidente indultado que no indulta.

Tal Cual Digital

lunes, 3 de enero de 2011

Estudiantes Universitarios: “Si el Presidente promulga la nueva Ley saldremos a protestar”

El presidente de la FCU de la Universidad Central de Venezuela, Diego Scharifker, afirmó a Unión Radio que si el Presidente promulga la nueva Ley de Universidades saldrán a protestar el próximo 10 de enero.

Asimismo, el joven destacó que los estudiantes esperan saber que pasará con la ley antes de ejecutar acciones, “el 10 de enero vamos a protestar si la aprueban y si no un debate masivo sobre el instrumento legal, un debate real que incluya todos los puntos de vista”.

En este sentido, Scharifker recalcó que “el Presidente tiene la opción para que el 2011 empiece en paz y tranquilidad, tiene la potestad de devolver la Ley a la AN, para que sea discutida, si la promulga saldremos a la calle”.

Finalmente, Scharifker afirmó a Unión radio que, el 5 de enero los estudiantes saldrán a la calle con los nuevos diputados del Parlamento para brindarles su apoyo y solicitarles que las leyes se discutan correctamente.

El pasado 23 de diciembre fue aprobada por la Asamblea Nacional la nueva ley de universidades, la cual los estudiantes opositores calificaron de “inconstitucional e inconsulta”, por lo que salieron a marchar para protestar.

Ese día, la policía venezolana repelió con agua y perdigones la marcha a las puertas de la Universidad Central de Venezuela (UCV-pública), donde un profesor y un dirigente opositor, el general retirado Antonio Rivero, resultaron levemente heridos por perdigones, mientras que un fotógrafo fue golpeado en la cabeza, sin mayores consecuencias.

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